INEGI medirá qué pasó con los exbecarios después del posgrado

La ESBEP 2026 recopilará información sobre empleo, movilidad social y formación. El seguimiento permitirá examinar qué oportunidades encuentran quienes estudiaron con una beca y qué necesita mejorar la política de posgrados.

Por Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz
Corte de información 30 de septiembre de 2026

Foto de apertura. Sala de consulta de la biblioteca de la BUAP en Puebla, fotografiada el 3 de septiembre de 2016. Imagen de archivo que ilustra el entorno universitario; no identifica participantes de la ESBEP.
Fotografía: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0. Sin recorte ni retoque. Fuente · Licencia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizará del 19 de octubre al 13 de noviembre de 2026 la Encuesta de Seguimiento a Personas Becarias Egresadas de Posgrado (ESBEP). La invitación revisada para este reportaje está dirigida a personas exbecarias que egresaron entre 2013 y 2025 de posgrados nacionales o en el extranjero, así como de estancias posdoctorales. El propósito es documentar sus trayectorias y experiencias para aportar evidencia a la evaluación de políticas públicas.[1]

La relevancia del ejercicio está en una pregunta que un padrón de becas no alcanza a responder: qué ocurre con las personas después del apoyo. Conocer cuántas recibieron recursos permite dimensionar la cobertura de un programa. Saber dónde trabajan, cómo viven y qué oportunidades encontraron permite discutir la relación entre la formación financiada y las condiciones que ofrece el país para aprovecharla.

El seguimiento llega a un problema reconocido por el propio gobierno. El Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025–2030 señala que el número de egresados de doctorado ha crecido más rápido que las plazas académicas. Ese diagnóstico oficial describe una dificultad de inserción laboral; la encuesta podría ayudar a examinar cómo se expresa en las trayectorias de la población convocada.[4]

A quiénes buscará el INEGI

El correo institucional del 29 de septiembre anuncia que el acceso llegará posteriormente mediante un enlace personalizado. Ese aviso anticipa el operativo y sus fechas; no acredita que cada destinatario haya recibido ya el cuestionario. Tampoco describe una inscripción abierta para cualquier persona con estudios de posgrado.[1]

En su portal de operativos, el INEGI identifica como población de interés a quienes recibieron becas para posgrados nacionales o en el extranjero y estancias posdoctorales vinculadas con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). El objetivo publicado incluye características sociodemográficas, situación laboral, movilidad social y experiencia durante la formación apoyada.[2]

La colaboración institucional tiene un antecedente público. El 18 de junio, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de la ANUIES, celebrada en la Universidad de Guanajuato, Liza Elena Aceves López, directora general de Becas y Apoyos de la Secihti, anunció el estudio y solicitó difundirlo entre las comunidades universitarias. La universidad informó que se realizaría mediante una encuesta en colaboración con el INEGI.[3]

La diferencia entre financiar estudios y abrir oportunidades

El programa sectorial permite dimensionar parte de la política que se busca examinar: en el ciclo escolar 2023–2024, el entonces Conahcyt otorgó becas y apoyos nacionales a 44,550 personas, equivalentes al 27.7% de la matrícula de posgrado público. El mismo documento señala que en 2024 la Ciudad de México concentró el 26% de las personas becarias y el 19% de los programas del Sistema Nacional de Posgrados.[4]

Barra de composición de la matrícula de posgrado público en 2023 a 2024: 27.7 por ciento recibió becas y apoyos nacionales del Conahcyt, equivalentes a 44,550 personas; el resto es 72.3 por ciento y puede recibir otros apoyos.
Figura 2. Las becas y apoyos nacionales del Conahcyt alcanzaron al 27.7% de la matrícula de posgrado público en 2023–2024. El resto puede incluir apoyos de otras fuentes; esta cobertura no mide el empleo posterior.
Fuente: Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025–2030. Elaboración editorial con datos de contexto, no resultados de la ESBEP. Fuente

Estas cifras describen cobertura y concentración en periodos específicos. No corresponden al universo de la ESBEP 2026 ni permiten calcular cuántas personas serán contactadas. Su utilidad para este reportaje es mostrar por qué conviene analizar también la distribución de oportunidades después del egreso.

Dos barras de 100 por ciento para 2024: Ciudad de México concentra 26 por ciento de personas becarias y el resto del país 74; concentra 19 por ciento de programas del SNP y el resto 81.
Figura 3. En 2024 la Ciudad de México concentró el 26% de las personas becarias y el 19% de los programas del SNP. Las barras tienen universos distintos y cada una suma 100%.
Fuente: Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025–2030. Los porcentajes del resto del país se calcularon como complementos. Fuente

Si una persona termina el doctorado y trabaja en una actividad ajena a su formación, el dato puede tener explicaciones distintas: una decisión profesional, una oportunidad mejor remunerada o la ausencia de opciones en su especialidad. La clasificación de ocupado o desocupado, por sí sola, no resuelve esa diferencia. De ahí la importancia de conocer el cuestionario y el detalle con que se reconstruirán las trayectorias.

Entre las preguntas de interés público están la estabilidad del empleo, su relación con los estudios y las posibilidades de desarrollar investigación fuera de las universidades. Son líneas de análisis pertinentes, no una enumeración confirmada de los reactivos de la encuesta. Para saber cuáles podrán responderse habrá que revisar el instrumento y la documentación técnica.

También sería insuficiente valorar una beca únicamente por el salario posterior. La formación puede contribuir a la docencia, la atención de problemas públicos, el trabajo comunitario o la producción de conocimiento. Una evaluación de la política tendría que explicar qué resultados considera valiosos y cómo los observa, en lugar de convertir cualquier trayectoria distinta de una plaza académica en un fracaso.

Equipamiento y puestos de trabajo de un laboratorio de preservación de tejidos y terapia celular del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, en 2014.
Figura 4. Laboratorio de Preservación de Tejidos y Terapia Celular del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, el 12 de febrero de 2014. Imagen de archivo de uno de los espacios de aplicación del conocimiento.
Fuente fotográfica: ITESM, Campus Ciudad de México / Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0. Sin recorte ni retoque. Fuente · Licencia

Lo que una encuesta puede demostrar

El seguimiento puede describir condiciones y encontrar asociaciones entre formación, empleo y origen social. Atribuir esos resultados a la beca exige un paso adicional. Por ejemplo, un ingreso mayor después del posgrado no permite concluir, por sí solo, que todo el aumento se deba al apoyo: también pueden influir la experiencia acumulada, las redes profesionales y los cambios del mercado laboral.

Para estimar un efecto causal se necesita una comparación capaz de aproximar qué habría ocurrido sin la beca, mediante un diseño y supuestos explícitos. El objetivo anunciado de aportar datos a la evaluación es compatible con ese límite. La información recabada puede ser valiosa sin constituir, por sí misma, una evaluación de impacto.

La amplitud del periodo de egreso requiere otro cuidado. Quien concluyó en 2013 ha tenido mucho más tiempo para consolidar una carrera que quien terminó en 2025. Compararlos como si estuvieran en el mismo momento profesional podría confundir diferencias de antigüedad con resultados de la política. El análisis debería considerar el tiempo transcurrido, el nivel de estudios y el contexto de cada generación.

También habrá que conocer cuántas personas pudieron ser localizadas y cuántas respondieron. Si las trayectorias de quienes contestan difieren de las de quienes quedan fuera, los resultados podrían ofrecer una imagen incompleta. Se trata de un riesgo metodológico que debe examinarse con los datos del operativo, no de un sesgo ya demostrado en la ESBEP.

Las precisiones que siguen pendientes

La invitación, la ficha de operativos y el anuncio universitario consultados no precisan el número de personas por contactar, el diseño de selección, el cuestionario íntegro ni la fecha de publicación de resultados. Tampoco permiten asegurar que habrá estimaciones representativas por entidad federativa o institución. Esta delimitación corresponde a las fuentes revisadas; no prueba que esa documentación no exista.

Para Puebla, la posibilidad de aprovechar el estudio dependerá de esos alcances. Las universidades podrían encontrar elementos para revisar sus posgrados y la vinculación laboral, siempre que los resultados permitan el nivel de análisis requerido. La participación de egresados poblanos no garantiza, por sí sola, una estimación válida para el estado o una evaluación específica de la BUAP.

Otra precisión será distinguir entre las personas comprendidas en el universo de interés y las que efectivamente respondan. Invitar a todo un registro, si ese fuera el diseño, tampoco aseguraría que todas las trayectorias estén representadas. La cobertura alcanzada y el tratamiento de la falta de respuesta serán necesarios para interpretar cualquier cifra final.

La confidencialidad y el uso público de los resultados

El INEGI establece que la información proporcionada para fines estadísticos es confidencial y que su difusión debe impedir la identificación de las personas informantes. Su política institucional indica que no entrega datos nominales a autoridades fiscales, judiciales o administrativas.[5]

La existencia de un enlace personalizado para contactar a alguien no equivale a publicar su respuesta con nombre y apellido. La rendición de cuentas sobre la política de becas requiere resultados que puedan discutirse y documentación que permita entenderlos, preservando la confidencialidad de quienes participaron.

Qué debería ocurrir después del levantamiento

El 13 de noviembre es el cierre anunciado de la captación, no una fecha confirmada para conocer los resultados. La siguiente etapa periodística será revisar qué información se publica, con qué límites y qué decisiones adoptan las instituciones responsables a partir de ella.

Si el seguimiento documenta dificultades de inserción laboral, habrá que examinar sus causas antes de atribuirlas exclusivamente a la calidad de los posgrados o a las decisiones de los egresados. Si encuentra trayectorias favorables, también será necesario identificar las condiciones que las hicieron posibles. En ambos casos, la discusión tendría que alcanzar las oportunidades de empleo y de investigación que acompañan al financiamiento educativo.

La ESBEP abre la posibilidad de escuchar a quienes vivieron esa transición. Su utilidad pública dependerá de la calidad de la información y de las decisiones que contribuya a revisar. Financiar años de formación compromete al Estado a preguntarse qué condiciones encuentran después las personas que ayudó a formar.

Fuentes

[1] INEGI Informa. Invitación institucional del 29 de septiembre de 2026, consultada para este reportaje. Es una comunicación no pública; se omiten datos del destinatario y enlaces personales.

[2] INEGI Operativos vigentes. Ficha de la ESBEP 2026 y calendario del operativo.

[3] Universidad de Guanajuato. Comunicado del 18 de junio de 2026 sobre el anuncio de la Secihti y su colaboración con el INEGI.

[4] Programa Sectorial de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación 2025 a 2030. Diagnóstico oficial que contiene las cifras de contexto de 2023–2024 y 2024.

[5] INEGI Confidencialidad de la información. Política institucional sobre el tratamiento de la información estadística.


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