La inauguración tiene una ventaja administrativa: dura poco. Se corta el listón, se agradece al equipo y la plataforma queda presentada como si, al aparecer en pantalla, hubiera resuelto las diferencias entre oficinas que llevan años sin ponerse de acuerdo. La siguiente mañana ya no sale en la fotografía.
Por eso me interesa un informe reciente de la OCDE sobre espacios de datos. Su pregunta es bastante menos vistosa que la promesa de conectar todo con inteligencia artificial: ¿en qué condiciones vale la pena sostener una infraestructura para compartir información entre organizaciones que tienen intereses distintos?
El documento combina un registro de iniciativas, casos internacionales y un taller especializado. En el IDSA Radar consultado, 25 de las 235 iniciativas tenían al menos un caso operativo. Es una fotografía del registro, predominantemente europeo y alimentado por los propios participantes; no una tasa mundial de fracaso. La reserva importa. Sobre una cifra mal entendida también se puede construir un monumento.
La discusión conduce al dinero, pero también a las reglas. Si compartir información produce beneficios colectivos, cobrar cada intercambio quizá no alcance para sostener la infraestructura. El informe estudia mecanismos de coordinación y opciones de política pública; no demuestra causalmente que una arquitectura determinada funcione mejor. Recomiendo detenerse en la Figura 1.1, leer su Recuadro 1.1 sobre limitaciones y pasar después a la sección 4.5, dedicada al intercambio entre gobiernos.
Pensemos ahora en un municipio mexicano. Catastro, movilidad y servicios públicos podrían necesitar datos comunes. Es una posibilidad de trabajo, no un hallazgo del informe sobre Puebla. Antes de adquirir el siguiente tablero, habría que sentar a los responsables y preguntar quién corrige un domicilio equivocado, quién autoriza un uso nuevo y de qué presupuesto saldrá mantener la cooperación cuando cambie la administración.
Suena poco innovador. Tal vez por eso merece atención.
La interoperabilidad suele anunciarse como una propiedad de los sistemas. También depende de que una oficina acepte obligaciones frente a otra, de que exista una autoridad para resolver desacuerdos y de que alguien conserve el conocimiento cuando se retire el proveedor. Si todo eso falta, conectar bases de datos puede acelerar la circulación del problema.
Para investigar administración pública, yo empezaría por esa parte: seguir una corrección de información de principio a fin. Observar cuánto tarda, quién la detiene, quién puede destrabarla. Y revisar el capítulo 5 del informe con ese recorrido en la cabeza. Quizá descubramos que la capacidad digital más urgente no cabe en la pantalla de bienvenida.
Lectura que acompaña este ensayo. OCDE, Data Spaces between Co-ordination Challenges, Financial Viability and Public Policy, 20 de octubre de 2026. DOI: 10.1787/0066f11b-en. Consultar la fuente original.
Ilustración de la serie: acuarela conceptual generada con IA; no representa una oficina ni un expediente reales.
Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Administración de la BUAP. Trabaja sobre administración pública, metodología de la investigación y las relaciones entre poder, información y tecnología.
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