Luis Enrique Sánchez Díaz

Preguntar si la ciudadanía apoya la inteligencia artificial en el gobierno puede producir una respuesta demasiado amplia para orientar decisiones. Consultar horarios, procesar un trámite y resolver una prestación social involucran riesgos, discrecionalidad y consecuencias diferentes.

La confianza en un algoritmo nunca llega sola. También pesan la reputación de quien lo produce y la credibilidad de la institución que lo recomienda. Presentar una herramienta como técnicamente avanzada puede ser insuficiente cuando la ciudadanía duda de las reglas o de las autoridades que la utilizan.

Una sanción impuesta por una máquina puede provocar menos resistencia que la misma decisión comunicada por un funcionario. El hallazgo resulta incómodo: la automatización podría ser atractiva por su capacidad de reducir la fricción pública, incluso sin demostrar una mejora en justicia o rendición de cuentas.

Un ayuntamiento puede contratar inteligencia artificial sin adquirir capacidad para gobernarla. Puede tener una herramienta funcionando y seguir dependiendo de terceros para comprender sus criterios, administrar los datos o responder ante un incidente. La diferencia importa porque adoptar tecnología y construir capacidad pública son procesos distintos.

La promesa de una administración sin discrecionalidad suele venir acompañada de una pantalla. El funcionario deja de resolver el caso, el sistema produce un resultado y la decisión parece haberse vuelto objetiva. Sin embargo, alguien definió las variables, estableció los umbrales y decidió qué circunstancias quedarían fuera.