Bajada. La promesa más seductora de la inteligencia artificial en el gobierno es la eficiencia. El costo menos visible puede ser que la ciudadanía deje de saber quién decide, cómo se corrige un error y a quién puede exigirle una respuesta.
El problema central
Hecho. Las administraciones públicas están incorporando sistemas de inteligencia artificial para clasificar casos, priorizar inspecciones, orientar servicios y asistir decisiones. La discusión suele concentrarse en velocidad, costo o precisión.
Opinión. Ese enfoque es insuficiente. En el Estado, una decisión no es legítima sólo porque se procesa rápido. También debe poder explicarse, revisarse y atribuirse a una autoridad humana. Si el ciudadano obtiene una respuesta eficiente pero no puede controvertirla, la tecnología habrá mejorado el trámite y debilitado la relación democrática.
Qué encontró el estudio
Alexander Wuttke, Adrian Rauchfleisch y Andreas Jungherr analizan la adopción de IA gubernamental mediante la teoría principal-agente. Identifican tres tensiones: evaluabilidad, es decir, si la decisión puede comprenderse; dependencia, si la delegación puede revertirse; y contestabilidad, si una persona puede impugnar el resultado.
Hecho. El trabajo reporta un experimento factorial prerregistrado con escenarios en impuestos, bienestar social y aplicación de la ley. Según sus resultados, las ganancias de eficiencia pueden elevar inicialmente la confianza, pero también reducir la percepción de control. Cuando los riesgos estructurales se hacen explícitos, caen tanto la confianza institucional como el control percibido.
Inferencia. La paradoja es incómoda: una IA puede “funcionar” y, precisamente por eso, volver menos visibles los costos democráticos de la delegación. El éxito operativo puede aplazar preguntas que deberían responderse antes del despliegue.
Qué significa para México
México no necesita esperar a que los sistemas sean plenamente autónomos para establecer garantías. En trámites fiscales, programas sociales, seguridad, salud o educación pública, cada institución debería documentar al menos cuatro elementos: qué parte de la decisión se delega, qué evidencia puede revisar la persona afectada, qué servidor público conserva la responsabilidad y cómo se corrige una decisión errónea.
Inferencia aplicada. En un entorno marcado por desigualdad digital y capacidades administrativas desiguales, la falta de contestabilidad no afectará a todas las personas por igual. Quien dispone de tiempo, conocimientos jurídicos y conectividad tendrá más posibilidades de corregir un error que quien depende de una ventanilla, un teléfono prestado o un traslado costoso.
Una política mexicana de IA pública debería medir eficiencia y control ciudadano en el mismo tablero. El ahorro de minutos no compensa una ruta de apelación inaccesible. La precisión promedio tampoco demuestra que los errores estén distribuidos justamente.
Límite metodológico
El estudio observa respuestas a escenarios experimentales, no el comportamiento de personas que enfrentan una decisión real con consecuencias materiales. Tampoco prueba que los mismos efectos se reproduzcan automáticamente en México. Sus resultados ayudan a formular hipótesis institucionales; no sustituyen evaluaciones locales, auditorías de casos ni estudios con población usuaria.
Conclusión crítica
Opinión. El gobierno no debe delegar a una máquina aquello que luego no pueda explicar frente a una persona. La eficiencia es un valor administrativo; el control ciudadano es una condición democrática. Cuando chocan, la carga de justificar la decisión corresponde a la autoridad, no al ciudadano.
Pregunta final. Si una decisión automatizada te afectara mañana, ¿sabrías quién debe explicarla y quién tiene la obligación de corregirla?
Referencia
Wuttke, A., Rauchfleisch, A. y Jungherr, A. (2025). Artificial Intelligence in Government: Why People Feel They Lose Control. arXiv:2505.01085. DOI: 10.48550/arXiv.2505.01085.
Imagen destacada conceptual generada con inteligencia artificial.
Sobre el autor. Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz, profesor-investigador de la Facultad de Administración de la BUAP, doctor en administración y especialista en administración pública, gobernanza digital, metodología de la investigación y relaciones entre poder, instituciones, tecnología y sociedad.
Lee más análisis en luisenriquesan.blog. Sigue la conversación en X y en la fan page Luis Enrique Sánchez Díaz.
Descubre más desde Doctor Luis Enrique Sánchez Diaz
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.