Una audiencia pública convocada después de firmar el contrato puede escuchar muchas voces y cambiar muy poco. En la inteligencia artificial gubernamental, el momento de la participación determina si la ciudadanía puede modificar objetivos, criterios y salvaguardas o si solo puede reclamar un resultado.
Imagen de portada: fotografía conceptual generada con IA.
Los gobiernos suelen ubicar la participación al final del procedimiento: cuando una persona recibe una decisión y busca impugnarla. Ese derecho es necesario, pero no sustituye la deliberación previa sobre qué problema se automatiza, qué datos se usan y qué capacidad conserva la institución para cambiar el sistema.
La tesis jurídica
Propuesta normativa. Estela Lopes publicó el 25 de septiembre de 2026 un análisis doctrinal de los límites de la participación pública en el desarrollo de IA para el sector público de la Unión Europea. Revisa derecho administrativo, contratación pública, el Reglamento Europeo de IA y una analogía con el derecho ambiental.
Su conclusión es crítica: el marco ofrece salvaguardas, pero no garantiza una participación ex ante suficientemente fuerte. Cuando la intervención aparece en la etapa de la decisión individual, varias elecciones colectivas ya están cerradas. El derecho ambiental aporta mecanismos de consulta temprana, aunque también muestra riesgos de captura por actores con más tiempo, información y recursos.
La compra pública también distribuye poder
En un ayuntamiento mexicano, la participación debería comenzar antes de redactar las bases de una licitación. Allí se decide qué resultado será optimizado, qué información deberá entregar el proveedor, quién podrá auditar y cuánto costará modificar o abandonar el sistema.
Si el contrato convierte el modelo, sus reglas y sus registros en secretos inaccesibles, la ciudadanía podrá opinar sobre la experiencia del servicio, pero tendrá poco margen para discutir la decisión que la produjo. Esta lectura es una inferencia institucional para México; el artículo analiza la Unión Europea y no estudia municipios mexicanos.
Tres preguntas para una participación con consecuencias
Primero: ¿qué sigue abierto? Una consulta debe declarar cuáles decisiones pueden cambiar. Segundo: ¿qué información necesita la comunidad? Publicar documentos técnicos sin traducción ni tiempo suficiente favorece la participación de especialistas. Tercero: ¿quién responde? Debe existir una autoridad con atribuciones para modificar la regla o detener la implementación.
La capacidad municipal importa. Un gobierno con poco personal técnico puede depender del proveedor para explicar el sistema y terminar delegándole también la respuesta pública. Por eso la participación necesita presupuesto, acompañamiento y acceso a información contractual, no solo una convocatoria.
Cómo estudiar el problema en México
Una investigación comparada podría seleccionar adquisiciones tecnológicas municipales y reconstruir cuándo intervino cada actor. El resultado empírico sería el número y tipo de decisiones modificadas, no solo la cantidad de asistentes. Entrevistas, expedientes de contratación y versiones sucesivas de los documentos permitirían distinguir una consulta informativa de una deliberación con efectos.
Límite metodológico
El trabajo es jurídico y normativo. Identifica vacíos y posibilidades institucionales, pero no mide cómo funcionan los mecanismos de participación en casos concretos ni prueba qué diseño produce mayor legitimidad. La analogía ambiental es útil como fuente de aprendizaje, aunque sus procedimientos no se trasladan automáticamente a sistemas algorítmicos.
Qué vale la pena leer completo
Conviene leer las secciones dedicadas a contratación pública y participación ex ante, además de la comparación con el derecho ambiental. Allí se encuentra la parte más fértil para diseñar investigaciones sobre capacidad estatal, desigualdad participativa y control democrático.
Referencia
Lopes, E. (2026). Participation between promise and dead end: Legal limits to public participation in Public-Sector AI development in the EU. Cambridge Forum on AI: Law and Governance, e23. https://doi.org/10.1017/cfl.2026.10057.
Sobre el autor
Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor e investigador de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y consultor de negocios. Cuenta con dos décadas de experiencia en educación superior. Sus áreas de trabajo incluyen administración pública, metodología de la investigación y pensamiento crítico, con interés en las aplicaciones de la inteligencia artificial a la toma de decisiones.
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