Sucesión rectoral 2025: reelección a la vista
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se encamina a un inminente proceso de sucesión en su rectoría durante 2025. La actual rectora, Dra. Lilia Cedillo Ramírez, asumió el cargo en octubre de 2021 (siendo la primera mujer en ocuparlo) para el periodo 2021-2025. Desde mayo de 2025 ya se perfilaba su intención de buscar la reelección por un segundo cuatrienio. De hecho, columnistas locales dan por hecho que Cedillo irá por su reelección en septiembre de 2025, con miras a protestar como rectora para 2025-2029. Según esos análisis, prácticamente “la mesa está puesta” para su continuidad al frente de la universidad. No se vislumbran contendientes internos de peso: más allá de “dos o tres” directores con aspiraciones personales, no hay una oposición fuerte organizada dentro de la BUAP. Incluso figuras que en el pasado buscaron la rectoría, como la Mtra. Guadalupe Grajales y Porras, hoy carecen de apoyos significativos y su potencial candidatura se ve cuesta arriba. En resumen, Cedillo aparece como la candidata de consenso interno, sin rivales visibles del sindicato ni de grupos estudiantiles.
En paralelo, el entorno político estatal parece propicio para Cedillo. A diferencia de 2019-2020 –cuando el entonces gobernador Miguel Barbosa confrontó duramente al rector Alfonso Esparza e intentó intervenir en la BUAP, generando una defensa cerrada de la autonomía universitaria por parte de la comunidad–, ahora se observa “excelente relación” entre la BUAP y el gobierno poblano. Cedillo logró recomponer los lazos institucionales que estaban gravemente deteriorados, al punto que su antecesor tuvo que dejar el estado para evitar acciones legales en su contra. El gobernador interino Sergio Salomón Céspedes colaboró estrechamente con la rectora (por ejemplo, apoyando la construcción de la nueva Ciudad Universitaria 2). Y el actual gobernador Alejandro Armenta Mier –en funciones desde diciembre de 2024– ha dado señales de continuar esa colaboración. Armenta, egresado de la BUAP, acudió personalmente a firmar un convenio de desarrollo con la universidad en enero de 2025, mostrando *“que el Gobierno caminará de la mano con la Universidad”*. En ese “encuentro fraterno” incluso coincidieron en fecha con el cumpleaños de Cedillo, simbolizando la buena sintonía entre ambas instituciones. Esta cercanía sugiere que la administración estatal de Armenta respaldará el proyecto universitario de Cedillo, alejando temores de injerencia externa en la sucesión rectoral. De hecho, se anticipa que Armenta y Cedillo trabajarán de la mano durante los próximos años, dado que sus periodos (2024-2030 para el gobernador, 2025-2029 para la rectora reelecta) prácticamente coincidirán.
Protestas estudiantiles y control interno
Aunque el panorama político parece estable para la gestión de Cedillo, el último año evidenció inconformidades dentro de la comunidad universitaria. A inicios de 2024 y 2025 estallaron protestas estudiantiles significativas. En septiembre de 2024, por ejemplo, alumnos de la Facultad de Derecho de la BUAP se sumaron a movilizaciones nacionales contra la reforma al Poder Judicial, organizando manifestaciones locales. Aquella fue una protesta puntual, pero prefiguró un clima de creciente activismo estudiantil.
La situación escaló en febrero de 2025, cuando estudiantes de la Facultad de Medicina iniciaron un paro indefinido de labores. La chispa inicial fue una decisión académica que redujo el número de plazas para el internado médico y prácticas clínicas para estudiantes de último año, lo que afectaba directamente su formación. Además, los alumnos rechazaban el nombramiento de Claudia Cedillo Rojas como nueva directora de Medicina (un nombramiento controvertido, percibido como imposición vertical; la directora es homónima de la rectora, lo que despertó sospechas de nepotismo entre algunos sectores). La inconformidad rápidamente se extendió a otras carreras y facultades: fisioterapia, nutrición, ciencia forense, biomedicina, urgencias médicas, imagenología, entre otras, también se unieron al paro con sus propios pliegos petitorios. Los reclamos estudiantiles abarcaron problemas estructurales en la BUAP: denuncias de acoso sexual impune, mantenimiento deficiente de instalaciones, falta de preparación pedagógica de algunos docentes, trato burocrático arbitrario y, sobre todo, déficit de democracia interna en la toma de decisiones. En síntesis, los estudiantes exigían mejoras en la calidad educativa, seguridad, infraestructura, atención a la salud mental y democratización universitaria. Un punto neurálgico fue la demanda de revisar el proceso de elección de autoridades: los alumnos cuestionaron el sistema vigente de voto sectorial indirecto (vía Consejo Universitario) y propusieron instaurar el voto universal, directo y secreto para elegir al rector. Esta solicitud de “democratización de la vida universitaria” fue frontalmente rechazada por las autoridades, que respondieron que no era procedente cambiar las normas internas y que el esquema sectorial actual ya es “democrático” porque cada consejero representa a su sector. En otras palabras, la administración se parapetó en la legalidad vigente (Ley de la BUAP) para descartar cualquier reforma electoral interna, dejando claro su desdén ante esa demanda central estudiantil.
Durante las primeras semanas del paro (finales de febrero y marzo de 2025), la rectoría intentó manejar la situación con una combinación de diálogo y contención. El 27 de febrero, las autoridades universitarias anunciaron que habían firmado acuerdos con representantes estudiantiles elegidos democráticamente de siete programas académicos, atendiendo “cada una de las solicitudes presentadas” en los pliegos petitorios. Sin embargo, ese mismo día un sector de estudiantes rechazó esos acuerdos iniciales –considerándolos insuficientes o prematuros– e impidió la instalación de la primera mesa de trabajo pactada, prolongando el conflicto. Esto evidenció divisiones entre los propios alumnos: mientras unos buscaban negociar, otros desconfiaban y optaron por mantener las instalaciones tomadas hasta lograr compromisos más firmes. De hecho, la toma de Ciudad Universitaria (CU) se consolidó, con estudiantes encapuchados bloqueando accesos y extendiendo el paro a casi todas las facultades. Durante el punto álgido de la protesta, la universidad suspendió clases presenciales y debió implementar clases en línea para no perder el semestre.
Tras más de un mes de paro estudiantil, las partes lograron finalmente un acuerdo definitivo. El 31 de marzo de 2025, los alumnos entregaron las instalaciones de CU a una comisión del Consejo Universitario y anunciaron el fin del movimiento. La propia rectora Cedillo celebró la conclusión del paro, declarando que “hoy inicia una nueva etapa en la BUAP”, con la comunidad de regreso a la normalidad académica desde el 2 de abril. Como parte de los acuerdos, la universidad se comprometió a reprogramar evaluaciones y exámenes para no perjudicar a los alumnos por el tiempo perdido, así como justificar inasistencias de estudiantes foráneos en los primeros días de reanudación de clases. Los líderes estudiantiles enfatizaron que la lucha “no fue un capricho” sino la voz legítima de una comunidad que “se negó a quedarse en silencio” y *“luchó con valentía… por la educación que merecemos”*. Asimismo, declararon que “este movimiento no termina aquí; la lucha sigue en la vigilancia de los acuerdos”, dejando en claro que permanecerán atentos a que la administración cumpla lo pactado.
En balance, la protesta de 2025 marcó un hecho histórico para la BUAP por su duración y alcance. La rectora optó por una estrategia de no confrontación directa: no hubo desalojos policiales violentos, y la resolución fue vía concertación. Cedillo reiteró públicamente su “apertura al diálogo” y la obligación de escuchar “cada una de las voces” de los estudiantes, incluso las críticas. Esta postura conciliadora evitó un “tsunami” mayor durante el conflicto, según opiniones, pues “el diálogo… terminó por imponerse” sobre los “nubarrones” de confrontación. La rectora reconoció también que la movilización fue una “lección y alerta” de que algo no estaba funcionando en la comunicación entre directivos y alumnos, instruyendo una política de “puertas abiertas” en todas las facultades y atender las demandas estudiantiles. En los hechos, la BUAP cedió en varios puntos operativos (por ejemplo, ajustó calendarios, prometió mejoras en laboratorios, seguridad, etc.), pero mantuvo intocado el modelo de gobernanza interna. No se abrió paso a reformas democratizadoras profundas –como cambiar el mecanismo de elección de rector o erradicar el voto por sectores–, lo cual fue justificado por las autoridades con argumentos normativos. Este contraste entre satisfacción de demandas administrativas vs. inmovilidad en las políticas de fondo fue notado por analistas, que advierten una actitud de “escuchar pero no oír” por parte de la Rectoría frente a las exigencias de mayor participación de la comunidad. En palabras del investigador Germán Sánchez Daza, *“a lo largo de las 68 páginas de respuesta [al pliego] no se encuentra una reflexión que reconozca la carencia de democracia… No es casual que se defienda la norma, pues es ésta la que garantiza la preservación de la élite burocrática que se ha posesionado de la Universidad”*. Es decir, la estructura de poder en la BUAP permanece esencialmente incólume tras el paro, aunque con algunos compromisos de mejora en la operación diaria.
Narrativa oficial vs. rumores de “represión soft”
Oficialmente, la imagen proyectada por la BUAP y las autoridades ha sido la de una institución que resolvió sus diferencias de forma civilizada y que vuelve a la estabilidad. Los canales institucionales subrayan que la autonomía universitaria fue respetada y que el desenlace se logró privilegiando el diálogo. La rectora Cedillo –quien en su tercer informe de labores en octubre de 2024 ya había recibido el respaldo de la comunidad al grito de “¡reelección!” por parte de grupos asistentes– consolidó con el manejo del conflicto una reputación de liderazgo pacífico. En su mensaje tras el paro, insistió en agradecer la sensibilidad de los estudiantes por llegar a acuerdos, y en que “tenemos que retomar nuestras actividades con gran compromiso… este movimiento dejó varios aprendizajes”, pero ahora la prioridad es sacar adelante el semestre y proyectos pendientes. Cedillo incluso aseguró que la universidad “se construye día a día con el esfuerzo de todos, y es nuestro deber escuchar, con respeto, empatía y objetividad, las inquietudes” de la comunidad. En el discurso público, por tanto, la BUAP se muestra unida y encaminada a una “nueva etapa” de normalidad académica.
También desde el gobierno estatal se reforzó la narrativa de control y legitimidad institucional. Durante el paro, el gobernador Armenta descalificó el movimiento acusando la infiltración de la organización Antorcha Campesina detrás de las protestas estudiantiles, e incluso advirtió que la Fiscalía podría investigar esa presunta intromisión. Estas declaraciones fueron percibidas como un intento de deslegitimar la protesta y abrir la puerta a una posible intervención represiva. En respuesta, los propios alumnos en asamblea general difundieron un posicionamiento contundente: *“el movimiento estudiantil… está integrado por estudiantes y docentes críticos, democráticos e independientes de toda autoridad universitaria y agente político externo… rechazamos categóricamente tener algún vínculo con Antorcha Campesina”*. Asimismo, llamaron a la solidaridad de toda la comunidad y a rechazar cualquier amenaza de represión contra quienes luchan por una universidad *“pública, democrática y popular”*. Es decir, los estudiantes negaron rotundamente ser manipulados por terceros y exhortaron a frenar el discurso oficial que los tildaba de “fuerzas oscuras”. Analistas señalaron que tanto las acusaciones de la Rectoría en la primera semana del paro como las del gobernador en semanas posteriores repetían un viejo libreto: atribuir las protestas a “grupos ajenos” es una táctica para justificar una posible represión y desacreditar las causas legítimas del movimiento. Afortunadamente, en este caso no se llegó a un desalojo violento; no obstante, la tensión latente quedó en el aire.
En los círculos internos y en redes sociales ha cobrado fuerza la versión de que tras la aparente resolución pacífica subyace una “represión suave” o silenciosa hacia voces críticas. Diversos actores académicos han manifestado en privado su preocupación por posibles represalias encubiertas. De hecho, en pleno conflicto, un grupo de profesores de la Facultad de Físico-Matemáticas (FCFM) se atrevió a denunciar públicamente que los estudiantes en paro estaban siendo víctimas de amenazas e intimidación por personas desconocidas –que lanzaban petardos y bombas molotov cerca de las instalaciones tomadas–, generando miedo entre los jóvenes. Esta profesora (quien pidió anonimato “por temor a represalias”) advirtió el riesgo de un desalojo forzado y criticó la poca apertura al diálogo de la rectora en esos momentos. Los académicos hicieron un llamado urgente a que se respetara la integridad de los estudiantes y no hubiera represión ni inmediata ni a posteriori, solicitando incluso la mediación de la Comisión de Derechos Humanos estatal para garantizar mesas de diálogo seguras. En su petición pública dejaron claro: *“pedimos que la integridad y situación académica de los estudiantes en paro sea respetada en todo momento, sin represalias presentes o futuras”*. Este pronunciamiento deja entrever que existía (y existe) temor real a las represalias dentro de la comunidad.
Pasado el paro, ¿en qué consistiría esa “represión soft” de la que se habla? Según trascendidos en la universidad, el control no se ejerce mediante garrote o expulsiones masivas (lo que sería escandaloso), sino con sutileza burocrática y aislamiento simbólico. Por ejemplo, se menciona un “afilamiento de tijeras” interno para recortar perfiles incómodos: profesores reconocidos por ser críticos o por haber apoyado abiertamente el movimiento estudiantil estarían bajo mayor vigilancia administrativa. Si bien no hay comunicados oficiales al respecto, se rumora que la gestión actual realiza una “limpieza silenciosa” de ciertos cuadros disidentes, removiéndolos de puestos clave o congelando sus trámites. Algunos indicios respaldan estas preocupaciones: en años recientes, profesores que denunciaron irregularidades han sufrido “terrorismo laboral” –por ejemplo, una docente que apoyó a alumnas en denuncias de acoso reportó que directivos le impidieron inscribir materias hasta finalmente despedirla de la BUAP–, y alumnas activistas han enfrentado trabas en sus trámites de titulación como represalia velada por haber alzado la voz. Estos casos de 2021 ilustran un patrón donde la institución aparenta atender quejas, pero luego sanciona discretamente a quienes las impulsaron. Durante el paro de 2025, las estudiantes organizadas temían exactamente eso: señalaron que sólo a quienes participaron en las movilizaciones “les son retrasados sus trámites con el pretexto de la pandemia”, mientras que *“los compañeros que no se involucraron… sí han podido tramitar sus documentos sin contratiempos”*. Son mecanismos sutiles de castigo: retrasar un documento, negarle a un profesor la aprobación de una comisión académica o licencia, sobrecargar de vigilancia horarios y asistencias, etc. Nada estridente, pero efectivamente desalentador para la disidencia.
Asimismo, se comenta en pasillos universitarios que los servicios de seguridad interna de la BUAP –como la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU)– han incrementado su monitoreo sobre docentes con alta visibilidad pública. Aunque la DASU oficialmente se encarga de proteger a la comunidad universitaria, históricamente estudiantes y profesores la han acusado de excederse en funciones (ya en 2020, alumnos en paro exigían limitar a la DASU por acusaciones de acoso y espionaje). En el contexto actual, ese vigilantismo interno podría traducirse en seguimiento de la actividad en redes sociales de académicos y alumnos “incómodos”, recopilación de información sobre quienes critican a la administración, e incluso presiones sutiles para que moderen su discurso. De igual forma, actores de la sucesión rectoral –como posibles aspirantes alternos o sus allegados– estarían sosteniendo reuniones informales y discretas fuera de los reflectores (se habla coloquialmente de encuentros en cafés del Centro Histórico de Puebla) para negociar apoyos o pactar posiciones futuras. Estas cabildeos en la sombra refuerzan la idea de un silencio estratégico: hacia afuera todo luce tranquilo, pero las definiciones importantes podrían estarse tomando tras bambalinas, sin participación abierta de la comunidad.
Cabe destacar que durante el conflicto, la Rectoría y el Consejo Universitario no emitieron sanciones disciplinarias públicas contra los paristas –un contraste con otras universidades donde tras una huelga suelen venir expulsiones–. Esta ausencia de medidas punitivas visibles encaja con la táctica de evitar confrontación frontal. Sin embargo, los críticos señalan que el poder disciplinario de la institución sigue presente, solo que aplicado con discrición. Por ejemplo, una de las demandas estudiantiles fue la creación de mecanismos independientes de supervisión y transparencia (comités contra acoso, comisiones de vigilancia de recursos, etc.), precisamente para contrarrestar las prácticas “clientelares y discrecionales” que perciben en la gestión universitaria. La respuesta institucional fue tibia en ese aspecto, lo que alimenta la desconfianza de que sin vigilancia externa, las autoridades puedan incumplir acuerdos o aislar a líderes estudiantiles ahora que el escrutinio público bajó. No es casual que los jóvenes enfatizaran al levantar el paro: *“nuestro compromiso no termina, la lucha sigue en la vigilancia constante de los acuerdos”*. En redes sociales, muchos estudiantes y exalumnos manifestaron apoyo a las demandas de fondo (democratización, fin del acoso, mejoras académicas), pero también circuló la percepción de que “al final no cambiará nada” porque el sistema de gobierno universitario se protegerá a sí mismo. Las etiquetas y páginas creadas durante el paro –como la cuenta oficial del movimiento “Paro_BUAP2025” en Instagram– sirvieron para organizar la protesta y difundir información de primera mano, reflejando un sentimiento general de solidaridad estudiantil. En contraste, en comentarios de noticias locales se veía a algunos sectores lamentar las clases perdidas y aplaudir que la rectora recuperara el control sin violencia, interpretando que “se restableció el orden”. Esta división en la opinión pública muestra que, mientras para unos la BUAP requiere cambios democráticos profundos, para otros la prioridad es la estabilidad institucional.
Autonomía universitaria y clima académico
En última instancia, el caso de la BUAP en 2024-2025 pone de relieve la tensión entre autonomía universitaria y democracia interna. La BUAP, como muchas universidades públicas mexicanas, goza de autonomía legal para gobernarse a sí misma. Esto le ha permitido resistir embates externos (como los intentos de Barbosa de “imponer rector” en 2020, que fracasaron rotundamente). Sin embargo, esa misma autonomía puede convertirse en un escudo para prácticas autoritarias internas si la comunidad no tiene mecanismos efectivos de contrapeso. La administración de Cedillo ha sido elogiada por devolver “dignidad” y estabilidad a la institución, manteniéndola al margen de las “tóxicas” luchas partidistas externas. Bajo su gestión, la BUAP fortaleció lazos con el gobierno (obteniendo obras como CU2) y mejoró ciertos indicadores académicos. Por ejemplo, la planta docente se conforma por 3,976 académicos, de los cuales 20% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores –un dato que muestra el desarrollo científico de la universidad al inicio de 2024. Cedillo misma provenía de la base académica (35 años de profesora e investigadora) y se enfocó “al cien por ciento en lo académico”, evitando las “grillas” políticas. Este perfil técnico le ganó respeto y logró, según sus defensores, depolarizar el ambiente interno tras la era Esparza.
No obstante, críticos desde adentro argumentan que la “paz” universitaria se ha logrado a costa de silenciar la reflexión crítica sobre el rumbo de la institución. Una frase que resume este sentir es: “La autonomía se gestiona desde adentro con tijera fina”. Es decir, la autoridad universitaria administra la casa de estudios recortando discrecionalmente cualquier brote de disidencia, sin debate abierto. Durante el paro, quedó claro que las estructuras de participación existentes (Consejo Universitario, directores de facultad, etc.) no satisfacen a un sector importante del estudiantado, que se siente excluido de las decisiones. Los estudiantes demandaron reformas integrales –un “gran bloque democratizador”, incluso un Congreso Universitario para replantear la BUAP–, señal de que perciben vicios profundos en el modelo actual. De igual modo, exigieron dignificación de las condiciones docentes: acabar con el nepotismo en contrataciones, brindar estabilidad laboral a los profesores de asignatura (hora-clase), evaluación docente con participación estudiantil y capacitación en pedagogía y perspectiva de género. Todo esto apunta a que el fondo del conflicto es académico: se trata de qué tipo de universidad quiere ser la BUAP. ¿Una que se rige “por la razón de las normas” inamovibles, o una abierta a la “reflexión crítica” y al cambio participativo?.
Por ahora, la balanza parece inclinada hacia lo primero. La respuesta oficial al movimiento se centró en que “la norma ya existe, el proceso está definido” y que muchas demandas “no proceden” por cuestiones legales. Esta postura legalista, como señala Sánchez Daza, busca preservar la estructura de poder existente y la continuidad de una élite burocrática interna. En contraste, el movimiento estudiantil –apoyado por varios profesores conscientes– pugna por una universidad verdaderamente autónoma pero democrática, donde la autonomía no signifique opacidad ni autoritarismo, sino libertad académica, inclusión y rendición de cuentas. La BUAP se precia de formar “ciudadanos críticos” y de practicar una “gobernanza de paz” según sus comunicados oficiales, pero esas palabras se pondrán a prueba en el cumplimiento de los acuerdos y en la apertura a las ideas de su propia comunidad. Si la “nueva etapa” post-paro que anuncia la rectora no conlleva cambios sustantivos –por ejemplo, en transparentar la toma de decisiones o en erradicar el acoso y la arbitrariedad–, es probable que las inconformidades resurjan más adelante. El sentimiento general entre los estudiantes que protestaron es de vigilancia y esperanza cauta: vigilarán que se atiendan sus peticiones concretas (más plazas de internado, mejoras en seguridad, apoyo psicológico, etc.), pero también guardan la experiencia de la organización lograda. Como ellos mismos declararon, *“demostramos que cuando la comunidad estudiantil se une, nada ni nadie puede ignorarnos”*. Esa lección de unidad y resistencia pacífica podría ser el germen de futuros movimientos, quizá más articulados con profesores y trabajadores, en pos de democratizar la BUAP.
En conclusión, entre 2024 y 2025 la BUAP vivió un parteaguas: por un lado, la continuidad de un proyecto institucional encabezado por Lilia Cedillo, con amplio apoyo político y sin oposición visible para prolongar su mandato; por otro lado, la efervescencia de una base estudiantil que evidenció las asignaturas pendientes en materia de participación, equidad y libertad académica. La rectoría optó por el camino de la contención suave y el silencio estratégico para mantener la gobernabilidad interna. Resta por ver si esa estrategia garantizará una paz duradera –basada en la satisfacción real de las demandas académicas– o si sólo será una “tregua” temporal que posponga la discusión de los cambios de fondo que muchos universitarios consideran impostergables. Lo “soft” de la represión no la hace menos real: la historia reciente de la BUAP muestra que el control con guante de seda, mediante la burocracia y el aislamiento de críticos, puede frenar momentáneamente la disidencia, pero a la larga no acallará la búsqueda de una universidad más democrática, justa y libre, ideal al que aspiran las nuevas generaciones de poblanos.
Sobre el autor
Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz
Profesor-investigador en la Facultad de Administración de la BUAP, especialista en políticas públicas, comunicación política y libertad de expresión. Con más de 25 años de experiencia académica, ha sido testigo crítico de los procesos internos de la universidad pública mexicana.
Escribe con regularidad sobre poder, autonomía universitaria, censura digital y narrativas políticas. Su enfoque combina análisis estructural, mirada empírica y una escritura provocadora que no rehúye la denuncia ni la ironía.
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