Por Luis Enrique Sánchez Díaz

En la superficie, nada grave ha pasado. Un periodista anunció que termina su colaboración con una estación de radio. Lo hizo con educación, agradeció al equipo, deseó suerte a la empresa y se despidió del auditorio. Un desenlace casi modélico. Pero en la estructura subyacente del sistema mediático, lo que ocurrió no es anecdótico: es revelador. Porque no se trata de un caso aislado, sino de la normalización de una práctica que vacía de contenido la noción misma de libertad de expresión.

Iván Mercado no fue despedido. No fue censurado. No fue presionado —al menos no oficialmente— para abandonar su espacio. Lo que ocurrió es más simple y más brutal: dejó de pagar. Su espacio al aire no era un derecho profesional ni una responsabilidad editorial; era un servicio. Un producto. Una renta.

El periodista no era parte de la nómina de Imagen Radio Puebla. Era cliente. Pagaba por hablar. Y cuando dejó de hacerlo, el micrófono se apagó. Fin del contrato. Fin de la voz.

Esta lógica mercantil no es nueva. En México, y particularmente en los medios locales, muchos espacios de “análisis” o “comentario” no son más que franjas horarias vendidas al mejor postor. El locutor no responde a un comité editorial, sino a su cuenta bancaria. Y no hay cláusula ética que valga cuando el precio del minuto al aire se convierte en filtro de entrada.

Así, la libertad de expresión no se cancela: se cotiza. No se prohíbe: se presupone. No se castiga: se factura.

El mercado ha logrado algo que las dictaduras sólo soñaron: convertir la disidencia en un privilegio del que puede pagar. Ya no es necesario clausurar un periódico o secuestrar un periodista para acallar una crítica. Basta con subir la tarifa. Es un sistema elegante, discreto, eficaz. Y profundamente antidemocrático.

Las reacciones en redes sociales lo confirmaron. Unos aplaudieron la integridad de Iván. Otros lo acusaron de servilismo político. Pero casi nadie discutió el fondo del problema: que el ejercicio periodístico dependa de la solvencia económica del periodista, y no del derecho colectivo a estar informado. El debate se centró en las motivaciones personales, cuando lo que deberíamos estar discutiendo son las estructuras que permiten —y fomentan— este tipo de relaciones contractuales en lugar de relaciones periodísticas.

Y en medio de todo, el reemplazo: Vicky Noticias. Periodista vetada en su momento por el gobernador Barbosa, ahora reinstalada como voz crítica… o al menos como símbolo de ello. ¿Cambio de línea editorial en la estación? ¿Reacomodo político? ¿Coincidencia? Las conjeturas sobran, las pruebas faltan. Pero lo cierto es que el vacío que dejó Mercado fue rápidamente ocupado. Porque el aire —como el poder— nunca queda libre mucho tiempo.

Mientras tanto, el sistema sigue funcionando. Los espacios se venden, las voces se alquilan, la crítica se monetiza. Y cuando el costo se vuelve insostenible, la crítica se retira. Sin necesidad de balas, amenazas o vetos. Sólo con una factura.

El periodismo en Puebla -como en buena parte del país- ha sido atrapado en una trampa perfecta: la del mercado como único árbitro de lo que puede y no puede decirse. La del silencio tarifado. La de la palabra convertida en mercancía.

No se trata ya de quién tiene la razón, sino de quién puede sostenerla por quince mil pesos mensuales.

Y esa es la tragedia que nadie tuitea.