Luis Enrique Sánchez Díaz

Introducción

En México, los planes estatales de desarrollo suelen tener más valor como documentos simbólicos que como verdaderos instrumentos de gestión pública. Rara vez guían las decisiones de gobierno; más a menudo cumplen con el trámite legal de proyectar una visión a futuro, salpicada de lugares comunes, metas abstractas y retórica oficial. El Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 del gobernador Alejandro Armenta Mier no es la excepción. Presentado con pompa bajo el estandarte del Humanismo Mexicano y la Bioética Social, este documento intenta erigirse como brújula para el sexenio poblano, alineado a los principios de la llamada Cuarta Transformación bajo el nuevo liderazgo de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, más allá de sus declaraciones de buena voluntad, el plan exhibe graves deficiencias técnicas, contradicciones internas, carencia de prioridades reales y un uso excesivo de lenguaje ideológico como sustituto del análisis riguroso. Se trata, en esencia, de un documento de simulación política: uno que reproduce el formalismo de la planeación sin traducirse en compromisos verificables, ni en estrategias claras de solución a los problemas estructurales del estado. El presente ensayo se propone desmantelar críticamente el contenido del PED Puebla 2024–2030, analizando su estructura, su lenguaje, sus metas, y sobre todo, su rol dentro de la narrativa política de la 4T en su etapa tecnocrática.

Desde una perspectiva estructural, lógica y documentada, pondremos en evidencia que este plan no transforma, no prioriza y no planifica, sino que repite el patrón ya conocido de fingir que se gobierna con rumbo, cuando en realidad se improvisa con retórica. El “amor a Puebla”, las frases hechas y las consultas ciudadanas escenográficas no sustituyen el pensamiento estratégico. Y lo que está en juego, al final, no es solo la eficacia del gobierno de Armenta, sino la credibilidad misma del discurso transformador en un momento en que la izquierda institucionalizada enfrenta su mayor crisis de sentido.

Simulación Metodológica y Falta de Rigor Técnico

El Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 (PED) presentado por el gobernador Alejandro Armenta se publicita como el producto de un proceso ejemplar de planeación democrática y participación ciudadana. En los hechos, sin embargo, su elaboración exhibe una preocupante ausencia de rigor metodológico y técnico. La administración presume haber realizado una “consulta ciudadana sin precedentes” con amplia participación de sociedad civil, academia, sector privado e incluso “representantes de los grupos más vulnerables”. Se afirma “por primera vez, la población indígena tuvo una verdadera representación, no sólo como asistentes, sino como actores fundamentales en el diseño de políticas públicas”. Tales declaraciones grandilocuentes contrastan con la realidad de una planeación que, más que científica, parece escenográfica.

Un proceso verdaderamente riguroso de formulación de políticas exigiría diagnósticos objetivos, métodos de priorización claros y la integración coherente de evidencia empírica. Nada de eso es evidente en el PED. La retórica oficial insiste en que “nuestra administración no se basará en decisiones improvisadas, sino en una transformación profunda y estructurada… el ejercicio de gobernar trasciende la espontaneidad, es el arte de prever, planificar y administrar con visión”. Paradójicamente, el documento final carece de la estructura analítica propia de una planificación seria. No se observan metodologías reconocibles de análisis de políticas (por ejemplo, matrices de diagnóstico, análisis costo-beneficio, evaluaciones de alternativas) más allá de un cumplimiento superficial de formalidades. La llamada planeación participativa devino en foros multitudinarios y encuestas de resultado predecible, cuyo aporte real al contenido estratégico es difuso. En suma, la metodología proclamada es más simulación que ciencia, un ritual de legitimación antes que un ejercicio técnico genuino.

Discurso Ideológico y Planeación de Aparador

El PED está saturado de un discurso ideológico que busca revestir al documento de una profundidad transformadora que en los hechos no posee. El lenguaje adopta consistentemente los slogans y valores abstractos asociados a la Cuarta Transformación (4T), presentando el plan casi como un manifiesto político más que como una guía operativa. Se habla de que Puebla inicia “una nueva etapa de transformación” centrada en la honestidad, justicia, equidad y dignidad humana, y se invita grandilocuentemente a “ser parte del cambio”. No obstante, este tono doctrinario resulta ser un fin en sí mismo: las frases efectistas sustituyen el análisis concreto.

El documento pretende camuflar su falta de sustancia tras la retórica de la planificación estratégica. Declara trascender la administración cotidiana para “erigirse como una guía” que orientará la superación de todos los desafíos sociales, económicos, de seguridad, ambientales y de gobierno. Son palabras mayores que no se traducen en mecanismos o políticas puntuales dentro del texto. En lugar de diagnósticos específicos y soluciones, abundan las proclamas ideológicas vacías. El plan simula planeación estratégica: adopta la forma externa (misión, visión, ejes, objetivos) pero carece del fondo estratégico real. Esto se evidencia en la repetición de lugares comunes y en la ausencia de priorización: todo es importante, todo es urgente, todo suena bien, pero nada está jerarquizado ni desarrollado con detalle técnico. La supuesta participación ciudadana se vuelve parte del decorado discursivo – se invoca para validar el documento, pero no se refleja en ajustes sustantivos ni en la identificación clara de problemas desde la perspectiva social. En síntesis, el PED funciona como un aparador ideológico: exhibe los lemas y valores oficiales de moda, sin traducirlos en un plan operativo concreto y verificable.

Humanismo Mexicano y Bioética Social: Retórica sin Sustento

El emblema conceptual del plan es la adopción del llamado Humanismo Mexicano – la doctrina promovida por el presidente Andrés M. López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum – complementado con un peculiar enfoque de Bioética Social. En teoría, esto pretende dotar de valores morales a la planeación. En la práctica, son dispositivos retóricos para disfrazar la falta de contenido efectivo. El propio documento lo admite implícitamente al señalar que incorpora estos valores humanistas reconociendo que el desarrollo “va más allá de una configuración técnica o económica”, y que por ello la planeación se fundamenta en principios como dignidad, equidad y justicia, “poniendo al ser humano en el centro de las políticas públicas”. Es decir, el plan orgullosamente declara que trasciende la técnica para abrazar una filosofía difusa. La consecuencia directa de “trascender lo técnico” es, lamentablemente, renunciar al rigor y a la concreción.

En el marco de esta nueva ortodoxia, “el Humanismo Mexicano se erige como la filosofía que sustenta el quehacer gubernamental”, con una orientación supuestamente “inclusiva, sostenible y responsable” basada en “prosperidad compartida, soberanía y erradicación de la pobreza”. Son palabras loables, pero ¿cómo operan realmente en la planificación? El plan no lo esclarece. Por el contrario, diluye cualquier atisbo de estrategia bajo estos conceptos amplios. Por ejemplo, el Objetivo central del Eje de Bienestar reza: “Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano”. Esta formulación es emblemática: añade bioética social y humanismo mexicano como adornos semánticos a un propósito genérico de mejorar el bienestar, sin indicar acciones específicas ni métricas asociadas a esos términos. ¿En qué se diferencia “impulsar el bienestar” con o sin humanismo mexicano? El documento no lo explica; simplemente invoca la frase como si de un conjuro se tratara.

La Bioética Social, por su parte, es introducida como un enfoque novedoso cimentado en tres dimensiones – seguridad, justicia y “riqueza comunitaria” – que supuestamente guiarán el desarrollo. Sin embargo, dichas dimensiones no son más que valores genéricos re-etiquetados. Seguridad y justicia son objetivos tradicionales de cualquier gobierno; la llamada riqueza comunitaria parece referirse a tejido social y cultura, ideas igualmente tradicionales en desarrollo comunitario. No hay un desarrollo conceptual riguroso de la bioética social ni una aplicación práctica visible de la misma en las líneas de acción del plan. En suma, Humanismo Mexicano y Bioética Social operan como el marco retórico de moda: cumplen la función de vestir al PED con la ideología oficial del régimen, pero son humanismo de papel, sin aterrizar en políticas públicas tangibles más allá de la retórica.

Objetivos Difusos, Metas Inviables y Diagnósticos Inconsistentes

Bajo la capa ideológica, el plan adolece de objetivos claros y medibles, de metas realmente viables, y de diagnósticos sólidos que fundamenten las acciones. Si bien el PED incluye algunas estadísticas de contexto y fija ciertos indicadores numéricos, éstos parecen más un ejercicio cosmético de cumplimiento que un compromiso serio con resultados cuantificables. Los objetivos estratégicos se enuncian de forma vaga o redundante, a menudo complementados con calificativos ideológicos en lugar de parámetros técnicos. Por ejemplo, en materia de salud el plan propone *“incrementar la calidad de vida de las y los poblanos con un enfoque humanista en el sector salud”*. ¿Qué significa “enfoque humanista” en términos operativos? La meta sigue indefinida; el calificativo no añade información útil, sólo refuerza la retórica oficial.

Es cierto que el PED presenta indicadores y metas numéricas para 2030 en algunos rubros, pero esto no garantiza su coherencia técnica ni su factibilidad. Se fija, por ejemplo, la meta de reducir la población en situación de pobreza del 54.0% en 2022 a 48.53% en 2030. También se aspira a elevar el grado promedio de escolaridad de 9.43 años (2022-2023) a 10.36 años (2029-2030), e incluso a lograr un índice de acceso a derechos culturales de 0.31 en 2030 partiendo de 0 en 2024. A simple vista, estas cifras dan un aire de seriedad al documento. Sin embargo, el plan no detalla cómo habrán de alcanzarse esas metas, ni si éstas son realistas dadas las tendencias actuales. Por ejemplo, reducir la pobreza en apenas ~5.5 puntos porcentuales en seis años podría considerarse poco ambicioso (equivalente a la tasa de mejora reciente) o demasiado optimista dependiendo de las políticas implementadas – pero el PED no provee proyecciones macroeconómicas, estimaciones de inversión social requerida ni estrategias concretas de reducción de pobreza más allá de generalidades. Similarmente, aumentar un año completo el promedio de escolaridad implicaría transformaciones educativas de gran calado, algo de lo que no hay rastro en las líneas de acción más que referencias genéricas a mejorar infraestructura educativa y calidad docente.

Los diagnósticos presentados en cada eje temático son superficiales y frecuentemente inconsistente en su conexión con las acciones propuestas. El documento incluye algunos datos duros – por ejemplo, reconoce que Puebla tenía 54% de su población en pobreza multidimensional en 2022, o que la esperanza de vida es de 74 años – pero estos indicadores no siempre se relacionan lógicamente con las estrategias delineadas. En el eje de bienestar, se diagnostica correctamente la disminución de la pobreza reciente y se menciona la falta de ciertos programas sociales, pero luego las líneas de acción se limitan a generalidades como “mejorar la calidad… de la vivienda” o “fortalecer mecanismos de acceso a una buena alimentación” sin priorizar qué carencias atacarán primero ni cómo. No hay un hilo conductor claro que articule: “este es el problema identificado; estas son las causas; por tanto, proponemos estas acciones concretas con tales metas”. En su lugar, el plan lista problemas de diagnóstico por un lado y una lista amplia de buenas intenciones por otro, confiando en la retórica ideológica para llenar el vacío entre ambos.

Además, varias metas cuantitativas parecen desconectadas de los medios propuestos. Por ejemplo, el PED se propone elevar el PIB estatal de 852,625 millones de pesos (2023) a 889,284 millones en 2030, un incremento marginal que luce conservador (apenas ~4% real en 7 años) y que contradice la retórica de “prosperidad” y “dinamizar la economía”. Si la economía poblana prácticamente seguirá estancada en su crecimiento, ¿con qué recursos se lograría la reducción de pobreza, o la ampliación de cobertura social prometida? Las cuentas no checan. Esta falta de consistencia interna entre metas macro (crecimiento, inversión) y metas sociales (pobreza, bienestar) sugiere que las cifras fueron colocadas para cubrir el expediente, más no como parte de un modelo económico integral. En resumen, el PED carece de objetivos estratégicos realmente orientadores, fija metas cuyo sustento es dudoso y presenta diagnósticos que no terminan de informar a la acción pública. Todo ello revela una planificación más aparente que real, donde los números y datos cumplen una función decorativa en lugar de guiar decisiones.

Contradicciones e Incongruencias Internas del Plan

Al analizar el PED en su detalle, emergen claras inconsistencias internas y contradicciones entre lo que se enuncia como objetivo y lo que efectivamente se propone hacer. Un síntoma evidente es la repetición de formulaciones idénticas para distintas acciones supuestamente “estratégicas” o “transformadoras”, lo que sugiere una falta de diferenciación real entre componentes del plan. Por ejemplo, múltiples Proyectos Transformadores en distintos ejes comparten exactamente el mismo objetivo y estrategia, cambiando solo el nombre del proyecto. En el Eje 4 (Desarrollo Urbano Sostenible), tanto el Proyecto 17 como el 18 y el 19 declaran el mismo *“Objetivo: Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad”*, acompañado de la misma “Estrategia: Fortalecimiento de la movilidad y conectividad terrestre a través de la infraestructura”. Esta plantilla se copia y pega para proyectos tan diversos como circuitos carreteros en la Mixteca, en la Sierra Nororiental, o rehabilitación de caminos específicos. Una planeación seria habría detallado objetivos particulares para cada proyecto (por ejemplo, mejorar la accesibilidad en región X, reducir tiempos de traslado en Y), pero en el PED todos se subsumen en un genérico enunciado, revelando poca atención al detalle técnico. La inconsistencia aquí es doble: por un lado, se llama “transformador” a lo que en el fondo son obras públicas convencionales (carreteras, estaciones de tren, etc.) presentadas sin innovación alguna; por otro, se pregona un “enfoque humanista” incluso en proyectos de pavimentación, sin que esto signifique nada concreto en la ejecución de dichas obras.

Existen también contradicciones entre los valores declarados y las acciones o la realidad operativa esperada. El plan enfatiza, en su Eje 5, la construcción de un “gobierno abierto, inclusivo y eficiente, comprometido con la rendición de cuentas” que fomente “la confianza en las autoridades a través de la transparencia, la honestidad y un trabajo constante y responsable”. No obstante, la propia elaboración del PED contradice en parte esos principios: la apertura e inclusión se limitaron a consultas controladas cuyos resultados no se traducen visiblemente en cambios de rumbo; la eficiencia queda en entredicho cuando el documento prolijo de cientos de páginas no logra definir prioridades claras; y la rendición de cuentas difícilmente será posible si los objetivos no son específicos ni atribuibles a responsables definidos. El plan proclama “ninguna sociedad puede aspirar al cambio sin paz y confianza en sus instituciones”, pero simultáneamente asigna a la ciudadanía un rol pasivo (limitado a ser consultada simbólicamente) en lugar de empoderarla efectivamente en la implementación y vigilancia de las políticas.

Otra inconsistencia notable es entre la ambición narrativa y la modestia de muchas acciones propuestas. Mientras el discurso asegura que el PED “trasciende la mera gestión administrativa” para enfrentar desafíos estructurales, muchas de las líneas de acción son en realidad programas gubernamentales ordinarios renombrados. Por ejemplo, uno de los Proyectos Transformadores estrella, “Programa Estatal de Obra Comunitaria por Amor a Puebla”, básicamente propone “fortalecer la gestión comunitaria a través de comités de desarrollo en los 217 municipios”. Esto no dista mucho de los programas de faenas comunitarias o comités de obras que han existido por décadas con otros nombres; presentarlo como innovación transformadora resulta un espejismo. Del mismo modo, la creación de una Policía Estatal Forestal se anuncia bajo el rubro de Seguridad como algo inédito, cuando en esencia se trata de brigadas contra incendios y vigilancia ambiental, funciones que bien podrían integrarse a corporaciones existentes. La etiqueta de “transformador” parece buscar magnificar acciones de impacto limitado. Este desfase entre retórica y realidad resta credibilidad al plan y refuerza la noción de que nos encontramos ante un ejercicio predominantemente simbólico.

En resumen, el PED de Puebla incurre en numerosas incongruencias internas: reutiliza los mismos enunciados para distintos fines, inflando artificialmente su contenido; predica valores de apertura y honestidad que no se condicen con su proceso ni con mecanismos de implementación; y vende acciones gubernamentales convencionales como si fueran transformaciones profundas. Estas contradicciones minan la lógica interna del documento y delatan su naturaleza más propagandística que operativa.

Desconectado de los Marcos Teóricos de la Política Pública

Uno de los aspectos más reveladores de la debilidad del PED 2024–2030 es su desconexión casi total de los fundamentos teóricos y metodológicos desarrollados por la disciplina de políticas públicas. El documento no muestra influencia alguna de las lecciones clásicas de autores como Harold D. Lasswell, Charles Lindblom, Aaron Wildavsky, Paul Sabatier, Elinor Ostrom, Peter Hall, Tom R. Tyler o del propio experto mexicano Luis F. Aguilar Villanueva, por mencionar algunos referentes claves. Esto resulta evidente en múltiples dimensiones:

• Definición de problemas y orientación a resultados (Lasswell): Lasswell abogaba por un análisis de políticas orientado a problemas concretos (“problem-oriented”). En el PED, la identificación de los problemas públicos es difusa y ahogada entre declaraciones valorativas. Por ejemplo, reconoce brevemente cifras de pobreza o rezago educativo, pero no formula con precisión cuál es el problema central a resolver en cada ámbito (¿la pobreza extrema rural? ¿la desigualdad urbano-región? ¿la deserción escolar en secundaria?). Sin un planteamiento claro del qué se quiere solucionar, es imposible orientar racionalmente los medios para lograrlo – principio básico de Lasswell completamente pasado por alto.
• Realismo incremental vs. planeación utópica (Lindblom): El clásico “muddling through” de Lindblom enfatiza que las políticas efectivas suelen avanzar en incrementos, ajustando sobre la marcha, en lugar de basarse en planes omnicomprensivos poco realistas. El plan de Armenta, en contraste, se presenta como un gran diseño total que pretende abarcar todos los sectores y resolver todas las carencias simultáneamente, sin establecer un orden de prioridades ni secuenciar pasos factibles. Esta falta de priorización sugiere que, pese al lenguaje tecnocrático, no hubo un análisis tipo Lindblom que evaluara qué cambios son viables con los recursos disponibles. El plan ignora la escasez de recursos y la necesidad de elegir batallas, cayendo en la ilusión de la planeación exhaustiva que Lindblom criticaba.
• Implementación y presupuestos (Wildavsky): Aaron Wildavsky señalaba la distancia entre planear e implementar, enfatizando que el presupuesto es la verdadera expresión de las prioridades de gobierno. El PED Puebla propone decenas de programas y proyectos, pero en ningún momento vincula estas acciones con compromisos presupuestarios concretos, fuentes de financiamiento o reingeniería administrativa para hacerles espacio. Todo parece caber en el papel, pero ¿caberá en el presupuesto?. Esta separación entre el plan y la realidad fiscal sugiere que el documento podría terminar siendo, como Wildavsky advertiría, “una hermosa enciclopedia que nunca leemos” – justamente lo que el gobernador dice que no quiere, pero que ocurrirá si el plan no informa la asignación de recursos año con año.
• Actores, instituciones y viabilidad política (Sabatier y Ostrom): Paul Sabatier con su marco de coaliciones promotoras nos recuerda que para que las políticas se ejecuten y perduren, deben articularse con actores e intereses reales que las apoyen. El PED, fuera de mencionar la participación inicial de sectores en su elaboración, no identifica a los responsables o grupos encargados de impulsar cada estrategia ni cómo se coordinarán distintos niveles de gobierno. Igualmente, Elinor Ostrom subrayó la importancia de involucrar a las comunidades locales y diseñar reglas institucionales para la colaboración y el cumplimiento. Aquí, la “participación” ciudadana acabó en los foros de consulta, sin mecanismos claros de co-gobernanza o monitoreo ciudadano para la fase de ejecución. No hay diseño institucional innovador; las dependencias tradicionales siguen encargadas de todo, como si la implementación fuera automática una vez impreso el plan. Este divorcio entre el plan y la realidad institucional deja las propuestas sin ancla en la praxis.
• Aprendizaje y cambio de paradigma (Hall): Peter Hall escribió sobre cómo las verdaderas transformaciones de política implican cambios de paradigma (nuevas ideas rectoras, instrumentos distintos, objetivos redefinidos). El PED proclama adherirse a un “nuevo paradigma” del Humanismo Mexicano, pero no traduce ese supuesto cambio de modelo en políticas sustantivamente diferentes a las convencionales. No hay, por ejemplo, una reforma estructural del modelo de desarrollo regional, ni innovaciones en la prestación de servicios públicos, ni nuevos mecanismos de mercado o de participación comunitaria que evidencien un cambio paradigmático real. En términos llanos, el plan poblano sigue operando con el paradigma tradicional de políticas sectoriales gubernamentales, solo que re-etiquetado retóricamente bajo el estandarte humanista. Es un cambio de discurso, pero no de modelo operativo.
• Legitimidad y cumplimiento (Tyler): Tom R. Tyler ha demostrado que la legitimidad institucional y el cumplimiento de la ciudadanía dependen de la justicia percibida y la transparencia de los procesos. El PED busca revestir al gobierno de legitimidad hablando el lenguaje de la 4T y pregonando amor al pueblo, pero esa legitimidad se erosiona si las promesas no se cumplen o si el público percibe simulación. La confianza en las autoridades no aumentará por mencionar la palabra honestidad cien veces, sino por ver resultados y comportamientos coherentes. Al estar desconectado de una planificación realista, el plan arriesga fomentar más cinismo: cuando en 2027 o 2030 se constaten escasos avances de las metas anunciadas, la brecha entre discurso y realidad puede minar la credibilidad del gobierno estatal.
• Análisis para la acción (Aguilar Villanueva): El académico Luis F. Aguilar enfatiza que un plan de desarrollo debe ser un instrumento para la acción pública efectiva, no un simple requisito formal o sumario de buenas intenciones. Al PED de Puebla le ocurre justo esto último: se apega al formalismo planificador tradicional (con su catálogo amplio de objetivos, estrategias y líneas de acción), pero sin la guía estratégica que oriente la toma de decisiones difíciles. Aguilar criticó la “ilusión planificadora” donde se cree que por enumerar propósitos en un documento, la realidad cambiará. Este plan cae de lleno en esa ilusión, priorizando la legitimación simbólica (mostrar que se tiene un plan, alineado a la 4T, con participación ciudadana simulada) por encima de la eficacia práctica. En términos de Aguilar, es un ejemplo de planeación burocrática para cumplir con la ley de planeación, antes que un ejercicio de gobernanza estratégica.

En conclusión de esta sección, el PED Puebla 2024–2030 se encuentra desanclado de la ciencia de políticas públicas: no incorpora herramientas analíticas modernas, ignora las enseñanzas de décadas de investigación sobre cómo se diseñan e implementan políticas con éxito, y privilegia la lealtad doctrinaria sobre la racionalidad técnica. Esta brecha entre el plan y la teoría práctica de políticas augura dificultades serias para su ejecución y resultados.

Tecnocracia Obradorista y la Crisis de Legitimidad de la 4T

El contexto político en el que surge este plan es clave para entender su orientación. Nos encontramos en la etapa de transición del movimiento obradorista hacia una fase más tecnocrática bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Después del estilo personalista y fuertemente ideológico de Andrés Manuel López Obrador, la llamada Cuarta Transformación entra en una fase en la que necesita institucionalizarse y responder con resultados concretos a las altas expectativas generadas en la ciudadanía. El PED 2024–2030 de Puebla pretende inscribirse en esa “nueva etapa” al alinearse explícitamente con el proyecto nacional: *“Este documento se rige por los principios de la visión bioética social y el humanismo mexicano del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum”*, proclama, haciendo eco inmediato del discurso federal. La adopción textual de la línea ideológica nacional sugiere que el plan estatal funciona también como un espejo local del proyecto obradorista reinventado bajo Sheinbaum.

Sin embargo, esta sincronía con la narrativa oficial ocurre en un momento de crisis de legitimidad relativa para la 4T. A nivel nacional, tras años en el poder, el proyecto enfrenta el desgaste natural de gobierno y el escrutinio de promesas incumplidas o resultados insuficientes en temas centrales (seguridad, crecimiento económico, combate a la corrupción). En Puebla, Armenta llegó al poder como heredero político de la ola lopezobradorista, pero debe gobernar un estado con problemas graves y específicos, algunos de larga data, otros acuciantes por las circunstancias recientes. La necesidad de legitimación de su gobierno es palpable, y el PED sirve como pieza en esa búsqueda de legitimidad: es presentado como *“el instrumento rector que guiará la administración estatal durante su sexenio”*, es decir, como la prueba de que existe un plan serio, un rumbo cierto.

No obstante, en la medida en que este plan es más un ejercicio retórico que una hoja de ruta efectiva, podría contribuir poco a reforzar la legitimidad, e incluso arriesga socavarla. La ciudadanía hoy es más escéptica y exigente; está expuesta a la narrativa de la 4T desde hace años y puede detectar fácilmente cuándo se trata de frases vacías. Por ejemplo, el plan insiste en que la 4T “no es un accidente, sino una definición social” y un “mandato democrático” para distribuir la riqueza, reafirmando la épica obradorista. Pero esa reafirmación ya no enciende el mismo fervor de 2018; por el contrario, si no viene acompañada de resultados tangibles en Puebla, sonará a repetición hueca. La administración Armenta parece apostarle a una tecnocracia leal: es decir, a aplicar enfoques técnicos (planeación, indicadores, lenguaje especializado) pero siempre dentro del cauce ideológico trazado por López Obrador/Sheinbaum. El riesgo de esta combinación es terminar atrapado en lo peor de dos mundos: mucha burocracia y simulación técnica (planes, comités, foros) pero poca eficacia real, y simultáneamente un discurso ideológico reciclado que ya no convence ni entusiasma como antes.

Cabe destacar que la noción de “tecnocracia obradorista” es en sí una paradoja. El obradorismo nació como una reacción a las élites tecnócratas del pasado, privilegiando la intuición política y la cercanía con “el pueblo” sobre los formalismos técnicos. Ahora, bajo Sheinbaum, el movimiento busca dotarse de planes, programas y evaluaciones que le den un cariz de modernidad y profesionalismo gubernamental. El PED de Puebla es un ejemplo de ese intento de giro tecnocrático, pero las tensiones se notan: el documento quiere ser técnico, pero sin salirse un ápice del libreto ideológico oficial; quiere mostrar participación democrática, pero sin realmente distribuir poder a la ciudadanía; quiere prometer todo, pero sin recursos nuevos ni cambios institucionales profundos. Así, la efectividad tecnocrática se ve comprometida por la lealtad doctrinaria, y viceversa.

En términos de legitimidad, la administración estatal pareciera confiar en que la simbología de la 4T (el lenguaje de “Amor a Puebla”, “Humanismo Mexicano”, “no más corrupción”, etc.) aunada a la apariencia de planeación técnica, le otorgará una base de apoyo suficiente. Pero si esa base simbólica se percibe como pura simulación, el desencanto ciudadano puede crecer. Un plan estatal de desarrollo, por lo general, no es muy leído por la población; su valor legitimador radica más bien en lo que comunica de las intenciones y seriedad del gobierno. Si los grupos sociales, empresariales y académicos de Puebla –que fueron invitados a la consulta– concluyen que sus aportes fueron ignorados y que el resultado es genérico, la credibilidad del gobierno de Armenta sufrirá. En última instancia, la 4T en Puebla enfrenta el reto de pasar del discurso a la acción en un entorno menos propicio que hace unos años. La crisis de legitimidad de la que se habla no es un desplome inmediato de apoyo popular, sino un desgaste gradual que solo puede contrarrestarse con resultados concretos y buen gobierno. Lamentablemente, La Simulación Planificada que representa este PED aporta poco a ese buen gobierno y más bien evidencia las dificultades internas del obradorismo para reinventarse efectivamente en lo local.

Conclusiones y Recomendaciones para una Planeación Pública Auténtica

El Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 de Puebla, tal como se ha analizado, resulta ser en gran medida un ejercicio retórico y simbólico que cumple con las formas de la planeación democrática, pero carece del contenido estratégico y técnico que demande la realidad. El espejismo de la Cuarta Transformación en este documento – con su humanismo de papel y promesas omnipresentes – difícilmente podrá traducirse en mejoras palpables para la ciudadanía si no se reorienta la manera de planear y gobernar. A manera de cierre propositivo, se plantean a continuación algunas recomendaciones para transitar hacia una planificación pública auténtica, centrada en el interés público y coherente con los principios fundamentales del análisis de políticas:

• Enfocar la planeación en problemas públicos concretos: Es indispensable definir con claridad los problemas prioritarios de Puebla (p. ej., altos índices de pobreza en ciertas regiones, violencia en determinadas zonas urbanas, brechas educativas en comunidades indígenas, etc.) y articular el plan en torno a su solución. Cada eje debe partir de diagnósticos específicos y acordar objetivos verificables directamente ligados a resolver esos problemas, en lugar de dispersarse en generalidades ideológicas.
• Establecer objetivos SMART y metas realistas: Los objetivos deberían ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo. Esto implica, por ejemplo, fijar metas de reducción de pobreza por región o grupo poblacional con porcentajes y plazos concretos, sustentadas en proyecciones económicas y presupuestales. Las metas deben derivarse de un análisis riguroso de viabilidad – evitando tanto el optimismo irreal como la falta de ambición – y deben revisarse periódicamente para ajustarlas según el desempeño.
• Alinear recursos y presupuestos con las prioridades del plan: Un plan sin respaldo presupuestal es mera declaración de intenciones. Se recomienda traducir el PED en un programa operativo anual o multianual donde cada estrategia tenga partidas presupuestales asignadas y responsables claros. Esto requiere coordinar la Secretaría de Finanzas con la de Planeación para que el presupuesto estatal refleje las prioridades del plan, así como gestionar con la Federación los recursos necesarios en los rubros concurrentes (salud, educación, seguridad, infraestructura).
• Fortalecer la metodología con análisis técnico riguroso: Adoptar herramientas reconocidas de la disciplina de políticas públicas mejoraría sustancialmente la calidad del plan. Por ejemplo, realizar análisis costo-beneficio o costo-efectividad de los proyectos estratégicos antes de incluirlos; emplear metodologías participativas robustas (como presupuestos participativos o paneles ciudadanos deliberativos) en lugar de consultas masivas superficiales; utilizar modelos predictivos y evidencia comparada de otras regiones para fundamentar las elecciones de política. Asimismo, integrar indicadores de resultado e impacto, no solo de actividad, para cada estrategia.
• Priorizar y secuenciar las estrategias de manera lógica: No todo puede hacerse a la vez ni con la misma intensidad. Una planeación auténtica debe establecer prioridades claras: cuáles programas o proyectos se implementarán primero y cuáles después, cuáles son esenciales y cuáles complementarios. Esto debe basarse en criterios explícitos (urgencia del problema, número de beneficiarios, facilidad de implementación, efecto multiplicador, etc.). Secuenciar también implica diseñar pilotos o fases iniciales para aprender y ajustar, en lugar de desplegar reformas completas sin experiencia previa (por ejemplo, probar el modelo de policía forestal en una zona antes de escalarlo a todo el estado).
• Asegurar coherencia interna y eliminar contradicciones: Cada objetivo debe guardar consistencia con sus estrategias y acciones. Se recomienda realizar una revisión técnica exhaustiva para eliminar duplicidades y contradicciones en el texto del plan. Si se enuncia un valor transversal (ej. enfoque humanista), aclarar su significado práctico en las políticas; si se proclama sostenibilidad ambiental, evitar promover simultáneamente proyectos que la minen sin medidas compensatorias. La transparencia en el lenguaje es clave: llamar a las cosas por su nombre (por ejemplo, “mantenimiento de carreteras” en vez de “proyecto transformador”) mejora la honestidad del documento y la comprensión pública.
• Incorporar verdaderos mecanismos de participación y rendición de cuentas: Para que la ciudadanía se apropie y co-gestione el desarrollo, no basta con haberla consultado al inicio. Es necesario establecer instancias permanentes de seguimiento ciudadano al PED, donde representantes sociales, academia y sector privado evalúen el avance de las metas de manera periódica (trimestral o semestral) y publiquen informes independientes. Asimismo, abrir espacios para que propuestas ciudadanas puedan modificar o ajustar el plan en su ejecución, mantendría vivo el espíritu participativo. La rendición de cuentas también implica que cada dependencia estatal publique sus contribuciones al PED y se someta a evaluación pública sobre sus resultados en el marco del plan.
• Apoyarse en el conocimiento académico y la evidencia global: Puebla cuenta con universidades y centros de investigación de primer nivel. Una planeación de calidad aprovecharía ese capital intelectual mediante consejos consultivos técnicos por sector, integrados por expertos locales, nacionales e internacionales, que orienten con evidencia las políticas. Tomar en cuenta estudios del CONEVAL, del IMCO, de la OCDE, experiencias de otras entidades federativas e incluso lecciones internacionales (por ejemplo, cómo otras regiones lograron mejoras en indicadores similares) enriquecería las estrategias, haciéndolas más efectivas y menos proclives a replicar errores ya conocidos.

En conclusión, “La Simulación Planificada” debe dar paso a una planificación basada en la realidad y comprometida con el cambio tangible. Un PED no debe ser un simple ritual sexenal ni un catálogo de buenas intenciones alineadas al discurso en turno, sino un contrato social viable entre el gobierno y la sociedad. Puebla necesita un plan construido con la cabeza fría de la técnica y el corazón caliente del interés público genuino: un plan que diagnostique con verdad, que priorice con justicia y que ejecute con eficacia. Solo así el humanismo dejará de ser de papel para convertirse en bienestar palpable, y la Cuarta Transformación dejará de ser espejismo para manifestarse en resultados concretos en la vida de las y los poblano

Referencias

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Notas del autor:

Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador, analista político y especialista en políticas públicas, educación superior y procesos de opinión pública. Es autor de múltiples artículos sobre democracia universitaria, pensamiento crítico y crítica al modelo neoliberal en la educación. Actualmente forma parte de la planta académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.