La escena es sencilla pero reveladora: un hombre, formado en los códigos de respeto institucional, se pone de pie y acusa a su antiguo superior de traición. No hay gritos. No hay aspavientos. Solo un señalamiento claro, dolorosamente evidente, que resuena en el vacío moral que hoy rodea al Poder Judicial mexicano.
El nombre de los protagonistas importa menos que la estructura de fondo: un sistema de justicia que, bajo la retórica de la independencia, ha servido históricamente como baluarte de las élites económicas y políticas, solo para ser sacrificado (cuando resulta conveniente) en el altar de la «transformación democrática». Pérez Dayán no es, en este sentido, ni héroe ni villano singular: es simplemente un engrane que dejó de funcionar según las expectativas de su maquinaria original.
La imputación de Monroy (candidatos a jueces ligados al narcotráfico, la expropiación de fideicomisos) no es solo una queja personal. Es un testimonio involuntario de la podredumbre estructural: un Poder Judicial que, durante décadas, ignoró sistemáticamente las necesidades del pueblo, se encuentra hoy despojado de sus propios privilegios, mientras observa cómo nuevos intereses capturan los mismos espacios de poder, solo que con distinto emblema partidista.
¿Se trata de una traición individual? ¿O más bien estamos ante el colapso final de una arquitectura construida para simular justicia mientras perpetuaba inequidades?
Pérez Dayán, con su voto, no hizo sino recordarnos que el margen de acción de un juez dentro de un sistema capturado es, en última instancia, irrelevante para los fines de quienes dictan las condiciones reales del poder. La verdadera traición, si queremos llamarla así, no fue su voto reciente. Fue la omisión histórica de toda una generación de magistrados, ministros y jueces, incapaces (o no dispuestos) a romper la cómoda complicidad que los mantenía seguros y silenciosos.
Hoy, como ayer, la narrativa oficial celebrará «avances» y «reformas». Se nos dirá que el pueblo ahora tiene un Poder Judicial más cercano. Que las viejas mafias han sido derrotadas. Que el cambio es irreversible.
Y sin embargo, los jueces seguirán siendo designados en función de lealtades políticas, los expedientes seguirán archivándose al peso del soborno, y los ciudadanos seguirán viviendo bajo un régimen donde la ley es un instrumento de los poderosos, no una garantía para los débiles.
La verdadera pregunta, entonces, no es si Pérez Dayán traicionó. Es si alguna vez el Poder Judicial mexicano fue algo más que otra máscara del poder económico y político. Lo demás son anécdotas, utilísimas para los noticiarios y los debates de sobremesa, pero irrelevantes en el mapa estructural del dominio.
Cuando los sistemas colapsan, lo hacen de manera sorda, como un edificio cuyos cimientos fueron erosionados desde mucho antes de que aparecieran las primeras grietas visibles. Lo que presenciamos no es la «traición» de un ministro: es el derrumbe inevitable de un andamiaje que, para la mayoría de los mexicanos, nunca sostuvo nada más que la ficción de la justicia.
Doctor Luis Enrique Sánchez Diaz 