En un mundo donde el autoritarismo se disfraza de eficiencia y la censura se vende como corrección moral, la resistencia de Harvard frente a las presiones del gobierno estadounidense no es un gesto simbólico: es una declaración de guerra por el derecho a pensar. Lo que está en juego no es un programa de diversidad ni un fondo congelado, sino la capacidad misma de las instituciones académicas para sobrevivir al poder que las quiere convertidas en correa de transmisión ideológica.

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La educación superior, ese último reducto donde la palabra todavía puede desafiar al poder, está bajo asedio. Y no es una figura retórica. Es literal. La administración estadounidense ha lanzado un ataque frontal contra el pensamiento crítico, disfrazado de cruzada contra el antisemitismo, pero cuyo verdadero objetivo es desmantelar toda agenda que cuestione el orden establecido. Harvard, con todos sus pecados y privilegios, ha decidido decir que no. Y ese «no» vale más que mil comunicados diplomáticos.

La ofensiva no es nueva. Cada cierto tiempo, el poder necesita recordarle a las universidades quién paga las facturas. Pero lo inédito aquí es la brutalidad del chantaje: 2,200 millones de dólares en subvenciones federales congeladas por negarse a eliminar programas de diversidad, a delatar estudiantes extranjeros y a dejar de hablar de racismo estructural. Es decir, por negarse a traicionar su misión.

El razonamiento oficial es simple, casi infantil: “si te pago, me obedeces”. Pero el trasfondo es aterrador. Se quiere una universidad funcional al poder, que eduque para la obediencia y entrene para el mercado. Una universidad sin conflicto, sin tensión, sin preguntas incómodas. Una universidad que se limite a administrar competencias y sellar currículos como si fueran pasaportes para el consumo.

En este nuevo orden, la libertad académica no es una garantía sino un estorbo. Se le acusa de subversiva, de fomentar el resentimiento, de erosionar los valores tradicionales. Se le teme porque expone lo que el poder no puede tolerar: que el mundo podría ser de otra manera. Y es entonces cuando aparece la maquinaria del castigo: cortes de presupuesto, auditorías, intervenciones ideológicas y persecución mediática. La universidad se convierte en campo de batalla y el saber, en un acto de resistencia.

Lo ocurrido en Columbia es un ejemplo claro: cedieron, eliminaron programas, colaboraron con las demandas… y perdieron 400 millones de dólares, su prestigio y su dignidad. Harvard, en cambio, decidió sostener su posición. No es un acto de heroísmo, es una necesidad. Porque si incluso una universidad con una dotación de 53 mil millones de dólares se somete, ¿qué queda para las demás?

El problema no es Harvard, ni siquiera Trump. El problema es la lógica que permite que un gobierno use el dinero público como garrote para moldear el pensamiento. Es la normalización del autoritarismo en nombre de la eficiencia, del orden, de la protección del «sentido común». Es la incapacidad de diferenciar entre gobierno y partido, entre administración y doctrina. Es el silencioso desmantelamiento de la universidad como espacio de emancipación.

Lo que está en juego no es solo la libertad de cátedra. Es el futuro de una sociedad que, sin pensamiento crítico, no tendrá otra alternativa que resignarse a la obediencia. La universidad no debe formar sólo profesionales: debe formar ciudadanos capaces de imaginar y construir lo imposible.

La mecha está encendida. Harvard no habla sola. Si las universidades no responden hoy, mañana estarán pidiendo permiso para enseñar a pensar. Y entonces, ya no serán universidades.