Cada crisis universitaria lleva en sus entrañas semillas de descontento legítimo, pero también alberga intereses políticos mucho menos nobles. El reciente paro estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), iniciado en febrero de 2025, no es la excepción. Aunque envuelto en demandas legítimas como la mejora educativa, infraestructura digna y atención inmediata a la violencia de género, la crisis se ha convertido rápidamente en el escenario perfecto para que actores políticos externos—en particular, el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta—muevan fichas estratégicas, debilitando aún más una autonomía universitaria ya frágil por disputas internas (Proceso, 2025).
Sin embargo, el problema de fondo no es solo el paro ni las demandas estudiantiles. Lo que está en juego es el control político de la universidad y la posibilidad de que la rectora Lilia Cedillo logre o no reelegirse en las elecciones internas de 2025. Aquí es donde el verdadero conflicto comienza a tomar forma: el voto universal directo y secreto que se exige en el pliego petitorio no es simplemente una cuestión de justicia democrática, sino una estrategia política diseñada para debilitar a la actual administración y facilitar la entrada de nuevos actores (externos e internos) al poder universitario.
El voto universal: una trampa política disfrazada de democratización
Una demanda central del pliego petitorio es la instauración inmediata del voto directo, universal y secreto para elegir a las autoridades universitarias. En teoría, el argumento es impecable: más democracia, más participación, más justicia. En la práctica, es una jugada política calculada para desplazar los centros de poder tradicionales en la BUAP y entregar el control electoral a grupos con mayor capacidad de movilización y manipulación.
Actualmente, el sistema de voto ponderado en la BUAP otorga el mismo peso al voto de los profesores que al de toda la masa estudiantil. Este sistema ha funcionado como un mecanismo de equilibrio de poder entre el sector académico y el estudiantil, asegurando que las decisiones no sean capturadas por la volatilidad política o la presión externa. Pero si el voto universal entra en vigor antes de las elecciones internas de 2025, las consecuencias serían devastadoras para la actual administración:
- Cedillo perdería el control sobre el proceso de sucesión
La base estudiantil, más influenciable y volátil, se convertiría en el actor clave para definir el resultado electoral. La estructura de poder académico tradicional (profesores, directores y consejo universitario) quedaría relegada. Si Cedillo no puede garantizar el apoyo estructural de estos grupos, estaría políticamente condenada. - Alejandro Armenta tendría vía libre para influir en las elecciones internas
Con el voto directo, Armenta podría movilizar operadores políticos y recursos estatales para manipular la elección desde fuera, consolidando así una estructura de poder paralela dentro de la universidad. No sería la primera vez que un gobernador intenta colocar a un rector afín para asegurar el control de una institución educativa estratégica. - Apertura para candidatos populistas y radicales
La dinámica del voto directo universal no solo beneficia a la base estudiantil, sino también a cualquier candidato capaz de instrumentalizar el discurso populista, radical o disruptivo. La elección dejaría de ser una cuestión de mérito académico o experiencia administrativa para convertirse en una competencia por el voto emocional y la movilización masiva. - Desgaste político inmediato
Si Cedillo cede a esta demanda, perdería el respaldo de sectores clave (profesores y directores de facultad) que actualmente sostienen su administración. Aceptar el voto directo sería interpretado como una traición política, erosionando su legitimidad y fragmentando su base de apoyo interno.
La narrativa de Alejandro Armenta: manipulación política de libro de texto
Desde el inicio del paro, Alejandro Armenta ha mostrado una sospechosa obsesión por culpar a Antorcha Campesina de estar detrás de la movilización estudiantil (La Jornada, 2025). Lo interesante aquí no es tanto la acusación—que carece hasta ahora de evidencia seria—sino la rapidez con la que la maquinaria mediática del gobierno estatal ha posicionado esta narrativa en la opinión pública.
El truco es clásico: cuando las estructuras de poder enfrentan crisis internas, lo más fácil es construir un enemigo externo para distraer la atención de los verdaderos problemas estructurales. En este caso, el «enemigo externo» es Antorcha Campesina, convenientemente convertida en el chivo expiatorio de la crisis.
Lo que Armenta intenta ocultar es su propia responsabilidad en la asfixia presupuestaria de la BUAP. La falta de financiamiento para plazas clínicas, mejoras en infraestructura y atención a la violencia de género no es un problema de mala gestión interna, sino de abandono estatal. Pero culpar a Antorcha Campesina es políticamente más rentable que admitir la incompetencia administrativa del gobierno estatal.
El dilema de Cedillo: reelección o concesión
Aquí radica la paradoja estratégica para la rectora Cedillo: si acepta el voto directo, podría estar firmando su sentencia política.
- Si se resiste, enfrentará la presión inmediata de los sectores estudiantiles y de la narrativa mediática afín al gobierno estatal.
- Si cede, facilitará el camino para que Alejandro Armenta y sus operadores externos capturen políticamente la universidad, anulando cualquier posibilidad de continuidad política o reelección.
Pero Cedillo aún tiene margen para una jugada estratégica: negociar una reforma electoral parcial que amplíe la participación estudiantil sin desmantelar el sistema de voto ponderado. Esta maniobra permitiría una apertura democrática controlada, sin perder el control estructural que necesita para garantizar la estabilidad institucional y su continuidad en el cargo.
Consejo final (no solicitado)
Si la BUAP cae en las manos equivocadas, la autonomía universitaria será una anécdota para los libros de historia. Ni sumisión acrítica a las demandas del pliego ni concesión completa al voto universal son opciones viables para Cedillo. La solución pasa por una reforma electoral gradual y negociada, asegurando la participación estudiantil sin sacrificar el equilibrio de poder interno ni facilitar la captura política por actores externos.
La BUAP no necesita una explosión democrática descontrolada. Necesita una defensa estratégica de su autonomía y un liderazgo que comprenda que en política, ceder demasiado pronto es perder el juego antes de empezar.
Doctor Luis Enrique Sánchez Diaz 