
La política en Puebla nunca ha sido una ciencia exacta, pero últimamente se parece más a un capítulo perdido de House of Cards dirigido por Luis Estrada. El paro en la BUAP, que comenzó como una protesta legítima por problemas estructurales —internados en Medicina, infraestructura deficiente y acoso—, ha degenerado en un campo de batalla político donde los verdaderos protagonistas no son los estudiantes, sino las viejas estructuras de poder que se resisten a morir. Y al centro de este drama, la rectora Lilia Cedillo enfrenta el dilema de salvar la universidad o ser arrastrada por el torbellino de intereses políticos que la rodean.
Porque seamos claros: lo que está ocurriendo en la BUAP no es solo una crisis estudiantil. Es un golpe quirúrgico al corazón de la autonomía universitaria, disfrazado de “intervención necesaria” por parte del gobernador Alejandro Armenta. La narrativa oficial pinta el conflicto como una infiltración orquestada por Antorcha Campesina, ese grupo que desde tiempos de Mario Marín ha funcionado como una herramienta útil para justificar el uso de la fuerza o la imposición de medidas autoritarias.

El problema es que esta versión no encaja del todo con los hechos. Como bien señalan algunos observadores, Antorcha Campesina no está en su mejor momento. Desde la llegada de la 4T al poder, su capacidad de movilización ha disminuido notablemente. Sí, Antorcha tiene presencia en la BUAP —con tres casas estudiantiles que albergan a más de mil estudiantes— pero de ahí a que sean los titiriteros detrás del paro hay un salto lógico que solo alguien con una mala intención política podría promover.
El viejo reflejo priista
Y aquí es donde entra el viejo reflejo priista de Armenta. La declaración del gobernador acusando directamente a Antorcha Campesina de manipular el paro es una jugada política de libro:
- Primero, convierte una crisis interna de la universidad en un problema de seguridad pública.
- Segundo, le devuelve a Antorcha un protagonismo político que ya no tenía, dándole la oportunidad de reactivar su estructura interna.
- Tercero, justifica la intervención de la Fiscalía General del Estado bajo el argumento de que hay fuerzas externas desestabilizando la universidad.
¿Y quién es el verdadero beneficiario de este caos? Alfonso Esparza.
El exrector, que hasta hace poco enfrentaba acusaciones de corrupción y manejo discrecional de los recursos universitarios, parece estar regresando al escenario político por la puerta trasera. La insistencia de Armenta en culpar a Antorcha —sin pruebas contundentes— se parece demasiado a un intento de proteger a Esparza y su viejo grupo de poder dentro de la universidad. Después de todo, Antorcha siempre ha sido útil como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos culpables.


Aquí es donde la estrategia se vuelve clara:
- Si Antorcha es el enemigo externo, entonces la intervención del gobierno estatal está justificada.
- Si Esparza es el “salvador” que puede devolver la estabilidad a la BUAP, entonces su rehabilitación política está en camino.
- Y si Cedillo no logra controlar la situación, entonces el terreno está listo para que el gobierno estatal presione para un cambio de liderazgo en la universidad.
Lilia Cedillo: entre la academia y la política
En medio de esta tormenta, Lilia Cedillo enfrenta el dilema de todo rector académico que entra en el terreno pantanoso de la política: o defiende la autonomía universitaria a costa de confrontar directamente al gobierno estatal, o cede ante las presiones y permite que la BUAP quede bajo el control indirecto de Armenta y sus operadores políticos.
Cedillo no es una política. Es una científica con una trayectoria académica intachable, pero sin las redes de poder que sostuvieron a Esparza y a Agüera antes que ella. Ha intentado mantener una postura conciliadora, reconociendo las demandas legítimas de los estudiantes y abriendo canales de diálogo. Pero la narrativa de Armenta sobre la intervención externa amenaza con socavar esa estrategia y forzarla a tomar partido en una guerra que ella no inició.
El riesgo para Cedillo no es solo perder la rectoría o el control institucional de la BUAP. El verdadero peligro es que su legado quede marcado por el estigma de haber permitido que la autonomía universitaria fuera sacrificada en el altar de la política local. Si Armenta logra imponer la idea de que Antorcha es el enemigo y que la intervención gubernamental es la solución, entonces Cedillo habrá perdido no solo el control político de la universidad, sino también la legitimidad moral frente a la comunidad estudiantil y académica.
El peligro de escalar el conflicto
El escenario que se perfila es peligroso. Si la Fiscalía General del Estado entra a Ciudad Universitaria para “restablecer el orden”, el conflicto podría escalar rápidamente a un enfrentamiento directo entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes. La historia de México está plagada de ejemplos de cómo estas intervenciones terminan en tragedias —de Tlatelolco en 1968 al caso de los 43 de Ayotzinapa en 2014—. La autonomía universitaria es una línea que, cuando es cruzada, difícilmente permite un retorno pacífico.
El conflicto también puede radicalizar al movimiento estudiantil. Acusar a los estudiantes de estar manipulados por Antorcha es una ofensa directa a su inteligencia política y a la tradición crítica de la comunidad de la BUAP. Los estudiantes no son marionetas. Si la narrativa oficial insiste en tratarlos como tales, es probable que el movimiento se radicalice y adopte una postura abiertamente política y confrontativa.
¿Quién gana y quién pierde?
- Si Armenta logra imponer su narrativa, consolidará su control sobre la BUAP y convertirá la autonomía universitaria en una herramienta de legitimación política.
- Si Cedillo resiste y logra negociar una salida sin intervención del gobierno estatal, reforzará su posición y su autoridad moral dentro de la universidad.
- Si Antorcha y la UPVA capitalizan la crisis para reposicionarse políticamente, el conflicto se convertirá en una batalla prolongada por el control interno de la universidad.

La oportunidad de Cedillo
Lilia Cedillo aún tiene una ventana de oportunidad para cambiar el curso de este conflicto. La clave está en reafirmar la autonomía universitaria como un principio rector, no solo como una consigna política. Cedillo debe rechazar públicamente la intervención del gobierno estatal y establecer un canal de diálogo directo con los estudiantes, basado en la legitimidad de sus demandas y no en las narrativas externas de infiltración y manipulación.
Si Cedillo logra reposicionar el conflicto como un problema interno —y no como una crisis de seguridad pública— entonces recuperará el control institucional y moral de la universidad. La autonomía universitaria solo podrá ser defendida desde dentro, y Cedillo tiene la legitimidad y el capital moral para hacerlo. Pero el tiempo corre y las fuerzas políticas ya están en movimiento.
Si Cedillo no actúa ahora, el futuro de la BUAP podría definirse no en las aulas o en las sesiones del Consejo Universitario, sino en las oficinas del gobierno estatal y en los despachos de los operadores políticos que ven en la universidad no una institución académica, sino una plataforma de poder.
La BUAP sigue en paro, pero el verdadero conflicto apenas está comenzando. Y cuando termine, lo que quede de la autonomía universitaria dependerá de quién haya tenido el coraje de defenderla sin ceder ante las presiones de los viejos reflejos priistas que aún dominan la política en Puebla.